El Gobierno catalán defiende la legalidad de las subvenciones extra a los partidos

El consejero de Economía del Gobierno catalán, Francesc Homs, defendió ayer la legalidad de las subvenciones extra que los partidos catalanes han recibido en la última legislatura y que el Tribunal de Cuentas ha puesto en tela de juicio. "Lo único que ha hecho el Gobierno es cumplir con una demanda que nos hizo el Parlament por la unanimidad de todos los grupos", afirmó Homs en conversación con este periódico.

El Parlament, que no ha recibido comunicación alguna por parte del Tribunal de Cuentas, también defiende la subvenciones, al igual que las formaciones políticas que se han beneficiado de ellas. En esta legislatura, los partidos parlamentarios catalanes se han repartido 15 millones de euros (2.500 millones de pesetas) más de lo previsto por la legislación en virtud del acuerdo que adoptaron en febrero de 2001 para hacer más transparente su contabilidad y reducir sus gastos preelectorales (véase EL PAÍS de ayer).

Los partidos han cobrado las subvenciones, pero el grueso de los compromisos que adquirieron a cambio se han quedado, por ahora, en el tintero. Además, en el último informe del Tribunal de Cuentas sobre los partidos, correspondiente al ejercicio de 2000, se advierte que estas subvenciones adicionales no se ajustan a la Ley Orgánica de Financiación de las Formaciones Políticas, de 1987.

Cuando el tribunal analizó la contabilidad de los partidos catalanes, éstos únicamente habían recibido 1,8 millones de euros de más, pero esta cifra ha crecido año tras año y suma un total de 15 millones de euros en lo que va de legislatura. Las partidas adicionales proceden de un acuerdo del Ejecutivo autónomo, que cede al Parlament unos fondos que se reparten entre los grupos parlamentarios en función del peso en la Cámara de cada formación política.

Funcionamiento ordinario

El Tribunal de Cuentas sostiene que estas subvenciones van destinadas en realidad al "funcionamiento ordinario de las formaciones políticas", algo que los partidos catalanes ya reconocieron cuando dieron a conocer el acuerdo adoptado. Sólo el Partit dels Socialistes (PSC), en las alegaciones que presentó al tribunal, esgrimió que estos fondos adicionales se han destinado fundamentalmente a reforzar la estructura del grupo parlamentario.

Francesc Homs defiende la autonomía del Parlament para adoptar acuerdos como el de 2001 y explicó que el Ejecutivo se ha limitado a responder a la petición de la Cámara. "Se trata de una demanda avalada por la unanimidad de todos los grupos y, por tanto, es obvio y normal que se aporten los fondos solicitados", explica el consejero.

Convergència i Unió (CiU) ha recibido en la legislatura 6 millones de euros más de lo previsto en la ley; el PSC, 5,6; el Partido Popular (PP) y Esquerra Republicana (ERC), 1,35 millones cada uno e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), 0,64.