Un balance desastroso

Las cuentas en la Mancomunidad de Servicios del Suroeste de Madrid no cuadraban en 2000. Al menos eso es lo que se desprende del informe de fiscalización realizado por la Cámara de Cuentas de Madrid del ejercicio correspondiente a ese año y que acaba de hacer público este organismo. En la lectura del texto se acabaría antes de enumerar los aciertos en la gestión que encontró la Cámara de Cuentas que los fallos en los que incurrió la mancomunidad.

El primer defecto que encontró la Cámara comenzaba ya con la aprobación de la cuenta general del ejercicio 2000, que se ratificó finalmente dos años después. Según este organismo, que desde su creación en 2001 se encarga de fiscalizar el sector público madrileño, la mancomunidad aprobó sus cuentas fuera del plazo establecido por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Una persona "sin formación suficiente" llevaba los números, según los auditores

El texto refleja que en el convenio firmado ese año "figuraba un presupuesto de 54.447.656 pesetas, habiéndose justificado a la Comunidad de Madrid actuaciones por importe de 52.503.623 pesetas".

La Mancomunidad de Servicios del Suroeste se constituyó en 1986 con los municipios de Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Griñón, Serranillos del Valle, Torrejón de la Calzada y Torrejón de Velasco. Tres años después se adhirieron las localidades de Moraleja de Enmedio, Cubas de la Sagra y Humanes de Madrid, por lo que la población del conjunto de los municipios gira en torno a los 31.000 habitantes.

Sin embargo, hasta 1993 no fue inscrita en el registro de entidades locales, incumpliendo el plazo de un mes a partir de la constitución fijado por real decreto. Además, no incluyó hasta 2002 a los tres últimos municipios que se incorporaron, a pesar de que participaban de los presupuestos de la mancomunidad desde hacía dos años.

La Cámara de Cuentas se encontró con varias limitaciones para elaborar su informe. Entre ellas cita que no constaba "la existencia de inventarios de bienes ni actualizados ni formalmente aprobados", que no se facilitaron "las relaciones nominativas que expliquen de forma completa los saldos deudores y acreedores", y que la mancomunidad "no disponía de una plantilla de personal aprobada, ni de un convenio colectivo".

El sistema contable y de control interno de la mancomunidad también tiene una especial relevancia en el informe de la Cámara, ya que en su inspección, según este organismo, el interventor no pudo asegurar que los libros de actas no pudiesen ser manipulados posteriormente. El motivo: los documentos no se encuadernaban, sólo se conservaban en el ordenador.

Aún más sorprendente es que las tareas de contabilidad las realizaba una persona "sin formación suficiente para el desarrollo de las mismas y sin la necesaria supervisión, lo que hace posible que los errores cometidos no sean detectados y corregidos", según el documento. En este mismo texto se indica que los procedimientos seguidos por cada uno de los servicios de la mancomunidad no son sistemáticos ni están unificados, "manteniéndose dispersa la documentación justificativa que da soporte a los registros contables".

La Cámara también señala que no constaba que la intervención realizase "la fiscalización previa de los gastos efectuados, ni tampoco la comprobación material de las inversiones, ni de la aplicación de las subvenciones", y que sólo se limitaba "a la intervención formal del pago", incumpliendo la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

La gestión del personal tampoco era uno de los aciertos de esta mancomunidad. Dicha gestión la realizaba un empresa privada con la que, sin embargo, no figuraba que se hubiese formalizado ningún contrato. El 50% de la plantilla en aquella época era personal empleado por obra o servicio, cuya relación cesaba una vez finalizado el trabajo y que se contrataba de nuevo para el siguiente. Pese a esto, dicho personal percibía en nómina retribuciones por antigüedad.

La mancomunidad contrató a un oficial administrativo que, sin embargo, no realizaba su jornada laboral en esa entidad, sino en tres de los ayuntamientos mancomunados. ¿Los documentos que justifican ese acuerdo entre ambas partes?: "no hay", según el informe.

El presupuesto de gastos de la mancomunidad tampoco está a salvo de los errores. La Cámara detectó que en ningún caso se realizó la autorización previa del gasto, el IVA no fue correctamente contabilizado y la justificación de determinados gastos no detallaba los servicios prestados.

El edificio en el que se encuentra la sede de la mancomunidad fue construido por el Ayuntamiento de Griñón en terrenos de su propiedad. El inmueble pertenece a este Consistorio y figura en su inventario, sin que consten acuerdos de cesión a favor de la mancomunidad, según el informe. Además, figura como propietario de la parcela el Ayuntamiento de Griñón, por cesión gratuita, sin que esté inscrita edificación alguna.