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Valencia agota su margen para endeudarse

El PSPV denuncia que la Generalitat traslada al Ayuntamiento sus problemas financieros

El Ayuntamiento de Valencia esperaba cerrar el año con una deuda de 691 millones de euros que representaría un 98% de su presupuesto consolidado. Pero la reciente reducción de 61 millones de euros en las partidas de ingresos previstos por las arcas municipales obliga a revisar a la baja las previsiones de deuda, cuyo tope legal es un 110% del presupuesto. El recorte de los ingresos coincidió con el anticipo del coste de unas inversiones en instalaciones deportivas que corresponde pagar a la Generalitat y que han agotado ya el margen de deuda del Ayuntamiento este año.

Juan Ferrer, concejal socialista, ofreció ayer un panorama general sobre el endeudamiento del Ayuntamiento de Valencia y concluyó que los problemas financieros que arrastra la Generalitat, "que no tiene dinero", repercuten sobre las arcas municipales: "La Generalitat traslada parte del muerto al Ayuntamiento".

Ferrer también retó a los responsables económicos del Ayuntamiento a aclarar la situación real de la deuda municipal. El concejal socialista recordó que portavoces del equipo de gobierno cifraban recientemente la deuda en un 97% del presupuesto. Y quiso saber si la proporción se establecía sobre el presupuesto inicial consolidado (705 millones de euros) o sobre el presupuesto recortado en el último pleno municipal de julio (644 millones). Sobre una "ficción" contable o sobre "la realidad administrativa", en palabras de Ferrer.

El presupuesto inicial tenía previsto un recurso al crédito ajeno de 45 millones de euros. Pero una vez aprobado por el pleno municipal el recorte de ingresos en 2003, la deuda asumida por el Ayuntamiento para anticipar el coste de tres instalaciones deportivas que debería pagar la Generalitat y que supuestamente pagará en su día ha agotado el margen de maniobra financiera de la corporación municipal.

La apurada situación económica tiene una evidente deriva política que subrayó el concejal socialista. Si el prespuesto municipal se ha recortado cerca de un 10% y el recurso al crédito ajeno para acometer gastos se ha agotado ya, los concejales del PP tendrán que recortar sus previsiones de gasto en la misma proporción o enzarzarse en una encarnizada batalla por el control de los escasos fondos disponibles en las arcas municipales. "O quién preside el Ayuntamiento, Rita Barberá, tiene previsto irse pronto", sugirió Ferrer, "o bien empezarán las batallas para ver qué departamento retiene el máximo posible del presupuesto".

El concejal socialista apuntó, además, que por parte del equipo de gobierno lo riguroso sería acometer una revisión a fondo de los presupuestos municipales, que se vienen elaborando año tras año con un criterio "continuista" y aplicando mecánicamente el incremento de los precios a las distintas partidas arrastradas de ejercicios anteriores.

Compromisos

El traslado de obligaciones desde la Generalitat hacia el Ayuntamiento de Valencia puede agravarse en el futuro, según Juan Ferrer, puesto que la Administración autonómica "carece del dinero suficiente para hacerse cargo de los compromisos que ha anunciado como el pago del Puente de las Flores, la financiación de la Copa América de vela o la reconstrucción del yacimiento de l'Almoina".

Cuadrar con las multas

La técnica presupuestaria obliga a equiparar gastos con ingresos. Una reducción de las entradas de fondos debe compensarse con una reducción de las salidas. Pero algunas partidas de ingresos pueden revisarse con cierta flexibilidad para mantener el nivel de gastos previsto. En el caso del Ayuntamiento de Valencia el recurso más fácil es elevar los ingresos previstos por multas a raíz de infracciones de tráfico.

Que las multas se cobren o no resulta ser lo de menos para el equipo de gobierno, según el concejal socialista Juan Ferrer. Se trata de mantener una ficción contable a efectos presupuestarios y ocultar una factura que crece día a día y cuyo coste inmediato es la falta de liquidez.

Pero dedicar el tiempo y esfuerzo de los policías municipales a perseguir a los vecinos que cometen infracciones menores de tráfico en lugar de ocuparse de acometer problemas de seguridad ciudadana es una opción política más que discutible, apuntó Ferrer.

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