Epidemia de calor

No es sólo Francia; también en España se ha producido un incremento acusado de fallecimientos coincidiendo con la ola de calor. Hay indicios de lo mismo en Italia, y también en Alemania. Todo ello partiendo de datos muy provisionales que tendrán que ser verificados antes de dar por segura la ecuación que parece deducirse de ellos. En Francia, la crisis sanitaria se ha convertido ya en política con la dimisión de un alto cargo. En España, la ministra de Sanidad aseguró ayer que no se han registrado reclamaciones provenientes del sector como las que dieron la alerta en Francia, pero la oposición ha anunciado preguntas parlamentarias sobre la incidencia real del problema y sobre si ha habido alguna iniciativa del ministerio.

Una primera enseñanza de la experiencia francesa es la necesidad de establecer un sistema de recogida de datos que alerte con rapidez sobre situaciones de aumentos inusuales del número de fallecimientos. A falta de algún registro que centralice tales datos, ha sido preciso recurrir a los facilitados por las empresas funerarias y tanatorios. La diferencia entre el medio centenar de fallecimientos oficialmente atribuidos al calor y el aumento constatable de la mortalidad en los días de canícula indican que tal vez exista un problema estadístico.

La ministra confirmó ayer que el síndrome conocido como golpe de calor no es de declaración obligatoria. Pero algunas administraciones, como la andaluza, han incluido también en su balance a personas cuya enfermedad crónica se vio fatalmente agravada por las altas temperaturas. Convendría establecer criterios comunes en todas las comunidades para poder conocer a tiempo situaciones como la que parece haberse producido. El argumento, invocado estos días por algún consejero autonómico, de que muchos de los fallecidos habrían muerto de todas formas en pocas semanas por sus enfermedades crónicas llevaría a una pasividad inaceptable. En Francia, la acusación principal contra los responsables políticos es precisamente la de pasividad frente a indicios objetivamente alarmantes.

Un segundo capítulo es el de la atención a los ancianos. De los datos conocidos se deduce que la mayoría de las víctimas eran personas mayores, y en muchos casos que vivían solas. Por mucho que se hubiera alertado de la necesidad de tomar precauciones contra la ola de calor, es difícil que ancianos con sus facultades limitadas las siguieran sin una persona que les ayudase. Pero en España tan sólo el 1,2% de los ancianos cuenta con asistencia domiciliaria (en Francia, el 4%). En el vecino país se creó hace dos años un fondo para financiar la contratación de personas que realizaran esa labor, y en seis meses fue solicitada por 600.000 personas. En España existe la obligación de facilitar la excedencia temporal a quienes la soliciten para cuidar a familiares ancianos. En el País Vasco está en estudio financiar esas excedencias con fondos públicos. El problema no dejará de agravarse a medida que la mayor esperanza de vida aumente el número de personas con autonomía limitada.

Hay todavía una tercera enseñanza de la crisis: la necesidad de adaptar las vacaciones de la Administración, incluyendo a los gobernantes, a sus responsabilidades crecientes. La lentitud en la respuesta ha estado relacionada en Francia con los usos de la clase política. Tal vez haya llegado el momento de cambiar esos usos, como ya ha ocurrido en la empresa privada. Una duda final es si la diferencia entre la situación francesa y la española se debe a que aquí ha habido menos imprevisión o a que las estadísticas son más inexactas.