La oposición critica la "burla" del Gobierno sobre el 'Prestige'

"Burla", "desprecio", "falta de respeto". Socialistas y nacionalistas gallegos criticaron ayer con dureza que el Gobierno pusiese a disposición de una delegación de la Asamblea francesa a altos cargos de la administración española cuya comparecencia en el Parlamento gallego y en el Congreso había vetado, en el primer caso con el argumento de que "el Estado no puede responder ante instituciones autonómicas".

El secretario general del PSdG-PSOE, Emilio Pérez Touriño, calificó de "actitud prepotente" que los responsables de Fomento (José Luis López Sors, director general de Marina Mercante; Rodolfo Martín Villa, comisionado para el Prestige, y Adolfo Menéndez, subsecretario de Transportes) pudiesen colaborar con la comisión francesa, pero no con la creada para el mismo motivo en la Cámara gallega.

"Es revelador que la única comisión de investigación sobre el Prestige exista en la Asamblea francesa y que los responsables de la administración declaren ante ella. Para el PP, el respeto a los ciudadanos y a los parlamentos de su país es secundario y circunstancial", señaló Touriño.

"Por un mínimo de dignidad, los presidentes de la Xunta y del Parlamento deberían presentar una protesta contra el Gobierno ante lo que constituye un desprecio institucional difícilmente igualable. Los gallegos son los que más han sufrido la marea negra, pero las explicaciones las reciben los ciudadanos franceses", se quejó Anxo Quintana, coordinador del BNG. Los nacionalistas solicitarán hoy la convocatoria de la diputación permanente de la Cámara gallega y los socialistas anunciaron preguntas al Gobierno.

Como estaba previsto, la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, con los votos de la mayoría absoluta del PP, rechazó ayer hacer un debate extraordinario sobre el Prestige, tal y como solicitaban el PSOE, BNG e IU.

"Pocos hechos de la historia de España han sido tan investigados como la catástrofe del Prestige, por las administraciones, la prensa, los científicos,..." se excusó ayer el director de la oficina del comisionado, Domingo Menéndez, segundo en el organigrama de este departamento especial y probable candidato a dirigirlo a partir de octubre.

Menéndez también rechazó las conclusiones del informe realizado por 40 científicos y profesores universitarios para la Fundación Barrié de la Maza, que cifra en 10 años el tiempo que perdurarán en el ecosistema marino los efectos de la marea negra. "Todos los análisis coinciden en que no hay contaminación en las aguas, y por lo tanto no habrá daños futuros que resarcir", dijo. Basándose en los datos oficiales, tampoco se contemplan indemnizaciones para el sector turístico.

El director de la oficina del comisionado realizó estas declaraciones en la presentación a los medios de comunicación de los detalles del Real Decreto 4/2003 que ofrece a los afectados el cobro del total de las indemnizaciones a cambio de que renuncien a acciones judiciales. Menéndez reconoció que al fijar las indemnizaciones "se van a ponderar de alguna forma las ayudas recibidas, pero nadie va a tener que devolver dinero, entre otras cosas porque acogerse a esta opción es voluntario, si se está de acuerdo con la valoración que hace la Administración".

Hasta el 1 de agosto, 20.000 afectados recibieron un total de 121 millones de euros (una media de 6.000 euros por persona), procedentes en su mayoría de fondos europeos. El plazo para acogerse al Real Decreto se abrió el pasado día 3, finaliza el 31 de diciembre y los primeros pagos podrían comenzar en enero. Hasta el momento, no se ha presentado ninguna solicitud.

En Cantabria, el presidente de la Federación deCofradías de Pescadores, Tomás Cos, denunción el "goteo continuo" que supone la llegada de fuel a las costas este verano, y reiteró la reclamación del sector de recibir compensaciones por daños y perjucios, informa Europa Press.