La decadencia de la calle Murillo
Los vecinos de Velluters critican la del Ayuntamiento de Valencia
El barrio de Velluters, en el mismo corazón de Valencia, agoniza. En ciertos puntos, la proliferación de solares vacíos y casas medio derruidas, provoca en el paseante la sensación de encontrarse en el Beirut de mediados de los años ochenta.
A la conocida degradación causada por la venta de droga, que atrae cada día a una procesión de zombies, y a la prostitución, que desborda sus fronteras y afecta cada vez con mayor intensidad a la avenida del Barón de Cárcer, los vecinos añaden las medidas adoptadas desde el Ayuntamiento.
La Boatella, Asociación de Vecinos y Comerciantes del barrio, realizó ayer unas demoledoras declaraciones contra el gobierno municipal, en las que le acusa de reunir en la calle de Murillo "la mayor concentración de ilegalidades urbanísticas de toda la Comunidad Valenciana".
Esta vía ha sido cortada al tránsito por el Consistorio debido al estado ruinoso de las edificaciones situadas en los números cuatro y seis, que amenazan con desmoronarse en cualquier momento. Los residentes, sin embargo, siguen pasando por ella para evitar un rodeo que consideran peligroso por los robos.
La Boatella, además de denunciar la falta de espacios verdes y ayudas a la rehabilitación, localiza sus críticas en las actuaciones que el Ayuntamiento ha desarrollado en determinadas fincas de lo que define como "histórica calle comercial de Velluters". Respecto al número cuatro, la asociación vecinal considera que fue la aprobación "ilegal" del Plan especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI), que contempla el retranqueo de las fachadas de la calle, lo que llevó a sus propietarios a abandonar "la idea de la rehabilitación y tener que venderlo a precio de solar".
El edificio que se encontraba en el número 21, catalogado con nivel de protección dos, fue destruido, según sostiene La Boatella, para "abrir una calle y el complejo de Velluters", en una obra de la que los "beneficiarios" fueron "NECSO y la empresa de [los familiares del delegado del Gobierno, Juan] Cotino".
La asociación también acussa de "trato de favor" al edificio situado en el número 35, esquina con Guillem de Castro. En este caso, aseguran, el consistorio ha permitido mantener la trama original mientras el resto de la calle se ha retranqueado.
El teatro Princesa
La Boatella centra una importante parte de sus críticas al Ayuntamiento en el abandono del antiguo teatro Princesa, y la destrucción de varias de las casas colindantes. La asociación vecinal afirma que lleva 12 años reivindicando que este edificio se transforme en un espacio cultural, a la vez que recuerda que en septiembre empezará el juicio contra 50 okupas que fueron desalojados de allí en octubre de 1999. Uno de ellos, José Luis Enguídanos, murió durante la operación policial.
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