Los derechos humanos en Chile

El golpe de Estado de 1973, que concluyó con el Gobierno del presidente Salvador Allende y con la democracia republicana, más los crímenes cometidos bajo la dictadura, constituyen las causas de la división de nuestra sociedad. La responsabilidad principal de estos hechos recae en quienes, a partir de intereses muy concretos, instigaron y dieron el golpe de Estado y en quienes violaron los derechos humanos. Con pocas excepciones, entre ellas el presidente Allende, un error que compartieron los sectores políticos de entonces fue sustentar concepciones del mundo omnicomprensivas y excluyentes.

Durante años la dictadura negó las violaciones a los derechos humanos; posteriormente, se recurrió al eufemismo de denominarlas excesos, pero gradualmente la sociedad y las mismas Fuerzas Armadas debieron aceptar evidencias irrefutables, como la aparición de los cadáveres de algunas víctimas. El proceso de reconocimiento de la verdad fue posible gracias al trabajo sistemático de los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos junto a la Vicaría de la Solidaridad la que, además de defender a las víctimas de la represión, denunció el drama que vivían los perseguidos. No obstante, fue necesario el Informe Rettig, cuya fuerza probatoria y moral permitió al presidente Aylwin oficializar la verdad. Y fue la detención de Pinochet en Londres la que hizo posible que la mayoría de los chilenos tomara conciencia del imperativo de hacer justicia ante crímenes que son imprescriptibles e inamnistiables, según el derecho internacional y los tratados suscritos por Chile que por mandato constitucional está obligado a respetar.

Los responsables de la violación sistemática de los derechos humanos no sólo fueron militares, sino también civiles; estos últimos calladamente observan cómo la justicia procesa a los uniformados involucrados, procurando pasar desapercibidos y negando cualquier responsabilidad en los crímenes. Pinochet, el mayor responsable, ha eludido la justicia.

Los Tribunales de Justicia han hecho avances importantes que los dignifican; sin embargo, quedan pendientes los casos de centenares de víctimas. La Mesa de Diálogo, que buscó avanzar en la deuda de verdad con respecto a los crímenes cometidos, tuvo el mérito del reconocimiento, por las Fuerzas Armadas, de las violaciones a los derechos humanos cometidas por varios de sus miembros, aunque la entrega de información para ubicar los cuerpos de detenidos desaparecidos no sólo fue parcial, sino que en la mayoría de los casos errada y ocultó la exhumación ilegal de cadáveres, lo que constituye una segunda desaparición.

A 30 años del golpe de Estado, mayoritariamente el país repudia la violación a los derechos humanos cometida por agentes del Estado, respalda la legítima aspiración de justicia, cerrar heridas y alcanzar la reconciliación. El comandante en jefe del Ejército, general Emilio Cheyre, ha hecho importantes declaraciones repudiando la violación a los derechos humanos y señalando que ello nunca más debe ocurrir; actitudes como ésta ayudan al proceso de reencuentro entre los chilenos. Podemos avanzar aún más si hacemos un esfuerzo por coincidir en lo siguiente:

- No son iguales las víctimas y los victimarios. Contra los primeros se actuó de manera brutal, sin considerar sus derechos. Los victimarios, en cambio, están siendo sometidos a procesos judiciales con pleno reconocimiento a sus derechos y a su dignidad. Éstos deben recibir la sanción que estime la justicia, de modo contrario surge con fuerza la figura de la impunidad. Los victimarios recobran su dignidad si colaboran con la justicia y aceptan su decisión.

- No se logrará la reconstrucción de confianzas ni el reencuentro ni la amistad cívica si se esconden las evidencias de los crímenes o si sus responsables son amnistiados.

- Es necesario que los tribunales amplíen la designación de jueces especiales para acelerar los procesos pendientes. Transcurridos 30 años desde el inicio de la represión, no existe justificación ética para demorar los procesos, hacer justicia y reparar a las víctimas de crímenes de lesa humanidad y a sus familiares.

- Frente a los casos de detenidos desaparecidos y de ejecutados cuyos restos no han sido encontrados, es necesario legislar para crear la figura del ausente, la que difiere de la declaración de muerte presunta. Con ello los familiares podrán regularizar situaciones jurídicas pendientes en el ámbito civil.

- Las nuevas generaciones militares no están involucradas en estos hechos y no tienen culpa ni responsabilidad por lo ocurrido. Con las Fuerzas Armadas compartimos valores como el amor a la Patria y la defensa de su soberanía y territorio. En el marco del Estado de derecho merecen nuestro reconocimiento y respeto.

Chile avanza hacia una común interpretación ética del pasado, expresada en el repudio a los crímenes cometidos. Si además internalizamos convicciones democráticas, el respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho, construiremos un legado honroso que influirá positivamente en las futuras generaciones. No es con el olvido de los errores del pasado ni con la impunidad como los países sanan sus heridas y recuperan un sentido ético de su historia y de la construcción de su futuro, sino que enfrentando la verdad, haciendo justicia, reparando a las víctimas y asumiendo el compromiso que nunca más se repita lo ocurrido hace 30 años. A los políticos nos corresponde enfatizar el sentido ético y la responsabilidad superior de la política, para que no pierda dignidad y nobleza en su esfuerzo por construir una sociedad mejor al servicio de todos los seres humanos.

Isabel Allende Bussi es presidenta de la Cámara de Diputados de Chile.