El Gobierno quiere impedir que el Parlamento vasco vote el 'Plan Ibarretxe'

El Gobierno quiere impedir que el Parlamento de Vitoria debata y vote el plan Ibarretxe o Estatuto Político de la Comunidad Libre Asociada de Euskadi y para ello está dispuesto a impugnar ante el Tribunal Constitucional el acuerdo del Ejecutivo vasco por el que se envíe dicho texto a la Cámara. Cuando el Gobierno central recurre una disposición de un ejecutivo autonómico, el Constitucional la suspende automáticamente durante al menos cinco meses. Expertos en Derecho Constitucional creen, sin embargo, que el Gobierno no puede impugnar el mero acuerdo de enviar un proyecto al Parlamento.

Según un destacado miembro del Gobierno, el hecho de que el Parlamento vasco llegara a votar, y en su caso aprobar, un texto que el Ejecutivo de Madrid considera que es, de entrada, inconstitucional, solo serviría para escenificar un enfrentamiento "artificial", provocado intencionadamente por el lehendakari Ibarretxe.

Si el PNV consigue hacer aprobar, con la ayuda de Batasuna, EA e Izquierda Unida, el proyecto Ibarretxe, sin que se altere su contenido esencial, ese texto sería rechazado inmediatamente en el Congreso de los Diputados, por una mayoría abrumadora. Un miembro de la ejecutiva del PP lo explicó así: "El lehendakari no habría conseguido nada, excepto escenificar un enfrentamiento entre parlamentos que no responde a la realidad. Queremos impedir algo semejante".

En teoría, la primera fecha en la que el Parlamento de Vitoria podría debatir el proyecto de ley de reforma del actual Estatuto de Autonomía sería en el pleno de política general de finales de de septiembre, pero Ibarretxe no ha anunciado todavía una fecha concreta para ese envio formal.

En cualquier caso, la decisión del Gobierno central de impugnar, cuando se produzca, el acuerdo de enviar ese proyecto de ley a la cámara de Vitoria despierta dudas jurídicas en sectores del PP, que han pedido más consultas a especialistas en Derecho Constitucional.

"Inverosímil" o "aberración"

Tres catedráticos de Derecho Constitucional consultados por este periódico creen que el envío por el Gobierno vasco de un proyecto de ley al Parlamento es un mero acto de trámite "no impugnable" ante el Constitucional, cuya ley exige que se trate de resoluciones o disposiciones normativas. Dos de esos expertos califican el intento del Gobierno central de "inverosímil" o "aberración".

Marc Carrillo lo cree "inverosímil", porque "el Gobierno no puede utilizar una vía que está concebida para vicios de inconstitucionalidad de naturaleza no competencial, cuando lo único que estaría haciendo el Gobierno de Vitoria en este caso sería ejercer la atribución institucional de la iniciativa de la reforma estatutaria". Añade que desde 1985 no existe el "control previo de la constitucionalidad".

Juan José Solozábal califica de "aberrante" y "una barbaridad" la pretensión gubernamental, ya que "enviar un proyecto de ley al Parlamento no es una disposición ni una resolución, sino un acto de trámite".

Por su parte, Antonio Torres del Moral cree no recurrible ese acuerdo, "a no ser que se haga una interpretación extensiva que considere una resolución la mera decisión de enviar el proyecto al Parlamento".