Tribuna:¿SE DEBE DISOLVER EL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA? | CRISIS EN EL AYUNTAMIENTO DE MARBELLATribuna
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Una medida legal y legítima

Con conocimiento del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o a solicitud de éste, y previo acuerdo favorable del Senado, el Consejo de Ministros podrá disolver los órganos de las Corporaciones Locales "en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que supongan el incumplimiento de sus obligaciones constitucionales", y estatutarias, según se establece en el artículo 61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

En Marbella se han encendido todas las luces de alarma: el Tribunal de Cuentas ha elaborado un informe sobre la gestión en el Ayuntamiento en el que se destacan millones de euros sin justificar y numerosas irregularidades. La Fiscalía Especial para la Persecución de los Delitos Económicos ha adoptado varias iniciativas judiciales contra la gestión del equipo de gobierno y del alcalde. La Audiencia Nacional también procedió con anterioridad al registro del Ayuntamiento, de las sociedades y del entramado que, al margen del derecho y de las normas de procedimiento en las administraciones públicas, se han creado. Las competencias de la Junta de Andalucía en urbanismo y ordenación del territorio han sido vulneradas por el equipo de gobierno, encontrándose actualmente en los tribunales e impugnados cientos de licencias y 300 convenios urbanísticos. Con deudas multimillonarias a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública. Incluso, mediante sentencia del Tribunal Supremo se inhabilitó por un periodo de 28 años para el ejercicio de cargo público al señor don Jesús Gil y Gil, obligándole a abandonar la alcaldía.

Tras las elecciones municipales del pasado 25 de mayo, se ha roto la mayoría que el GIL obtuvo en las urnas y se ha disuelto dicho partido político. Se ha presentado y prosperado una moción de censura asentada en concejales tránsfugas, todo ello mediante una vergonzosa y escandalosa polémica pública entre acusaciones de corrupción y atracos que la Fiscalía de Málaga está investigando actualmente.

La ciudad de Marbella necesita una nueva etapa donde se restablezcan los procedimientos administrativos y los controles del Estado de Derecho; debe dotarse de un nuevo PGOU de acuerdo con la legislación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y garantizar todos los servicios básicos secuestrados por un entramado de empresas al margen del Ayuntamiento; Marbella debe dar seguridad jurídica y servicios tanto a sus ciudadanos/as como a los empresarios que invierten allí. En las circunstancias actuales, todo esto sólo es posible con la disolución del Ayuntamiento y con la celebración de unas nuevas elecciones municipales tal y como establece y prevé la legislación.

La autonomía municipal está garantizada por la Constitución y las leyes y constituye un principio irrenunciable para todas las fuerzas democráticas. No obstante, en este caso la gestión del grupo GIL en el Ayuntamiento de Marbella ha sido gravemente dañina para el interés general, así como con la nueva situación creada tras la aprobación de la moción de censura se incrementa la ingobernabilidad y el incumplimiento de las obligaciones jurídicas y políticas pertinentes, por lo que se justifica plenamente proceder a su disolución conforme a los preceptos de la legislación aplicable al respecto.

En democracia, al poder se accede por los votos, pero el poder hay que ejercerlo con respeto a los procedimientos democráticos, alcaldes, ministros y presidentes han ganado elecciones por mayoría absoluta y después, por crímenes, corrupciones, etcétera, cometidos durante sus mandatos, han terminado en la cárcel o inhabilitados por el poder judicial. En las elecciones se eligen a los gobernantes, pero no le dan impunidad, no lavan sus crímenes, son los resortes existentes en el Estado de Derecho y en la garantía de la división de poderes que tienen la facultad de intervenir en estos casos.

En Cataluña, en un municipio se retira el retrato del Rey (podría ser, para el caso, el del presidente de la República) y se mueven todos los mecanismos del Estado para restablecer la legalidad protocolaria. Todo el mundo sabe que el retrato de un Jefe de Estado es menos esencial que el suministro de agua, de electricidad o la recogida de residuos urbanos, servicios básicos para la población.

En Marbella se saquean miles de millones, se dan licencias a cientos sin ajustarse a Derecho, ilegales, se roba y se atenta contra el interés general... ¿y no se interviene?.

Cuando el legislador contempla la disolución de los órganos de gobierno de un Ayuntamiento en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, será para hacer uso en situaciones como las que se han generado en Marbella en estos años.

En el sur de Italia, cuando unos mafiosos son elegidos por votos y ocupan un Ayuntamiento, éste se disuelve, y a veces, cuando un capo es detenido o inhabilitado y dirige desde la cárcel o desde sus empresas a un alcalde o alcaldesa títere, igualmente se procede a la disolución (cierto parecido se aprecia con Gil y la alcaldesa actual de la que ha dicho que es "muy disciplinada").

El señor Chaves, la Junta de Andalucía, debe tomar la iniciativa y solicitar la disolución al Gobierno central, quedando así la pelota en el tejado de Aznar, quien se ha mostrado muy firme en la ilegalización de Herri Batasuna y en su postura belicista en la agresión contra y ocupación a Irak, y, por el contrario, muy tolerante con la corrupción y las tramas inmobiliarias (la Asamblea de Madrid es otro ejemplo) y sobre todo, Marbella.

El gilismo y los tránsfugas han terminado como empezó este fenómeno: al margen de los partidos, de la Constitución y del Estado de Derecho. El desprecio a los procedimientos legalmente establecidos conduce a un Ayuntamiento, el de Marbella, con un grupo mixto de todos sus concejales, salvo siete que se mantienen fieles a sus partidos.

Antonio Romero es portavoz del Grupo IU-LV-CA en el Parlamento de Andalucía.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 14 de agosto de 2003.

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