Barrientos exigirá responsabilidades "caiga quien caiga" por 24 millones sin justificar de la era GIL

El alcalde de Estepona, el socialista Antonio Barrientos, afirmó ayer que exigirá responsabilidades a sus socios de gobierno, ex ediles del GIL, si se determina que causaron perjuicios a las arcas municipales por los 24 millones de euros sin justificar durante el mandato de Jesús Gil Marín. "Si hay perjuicios, exigiremos las responsabilidades a las que hubiera lugar, de manera total y caiga quien caiga", dijo el regidor, quien se comprometió a seguir "escrupulosamente" las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. Este organismo, que detectó la irregularidad, ha solicitado al Ayuntamiento que promueva las acciones necesarias para resarcir al municipio de los posibles perjuicios causados y exigir las responsabilidades correspondientes.

Pese a la contundencia de sus declaraciones, Barrientos matizó que es el Tribunal de Cuentas el competente para juzgar de oficio los "posibles" perjuicios contables causados al municipio por los concejales. No obstante, Barrientos se comprometió a convocar las juntas generales de las sociedades municipales a fin de cuantificar y analizar todos los datos "y, si procede", tomar las acciones correspondientes. "Vamos a seguir las recomendaciones, pero no somos quienes tenemos las competencias. No estamos para juzgar ni para condenar a nadie, para eso están los tribunales", añadió.

La petición del máximo órgano fiscalizador pone en un grave aprieto tanto al PSOE como al PP, que cuentan entre sus socios y concejales con antiguos miembros del Grupo Independiente Liberal. Tres de los cuatro ediles del Partido Estepona (PES), coaligado ahora con PSOE e IU, son los antiguos ediles del GIL José Ignacio Crespo, Marta Solís y Juan Manuel Rodríguez. También el PP incluye en sus filas a otros tantos ex concejales gilistas: Lorenzo Guerra, José López y Rocío Gil. José Ignacio Crespo fue el administrador de la mayoría de las empresas públicas cuya contabilidad cuestiona el Tribunal de Cuentas.

"Nadie quedará indemne"

"Aquí nadie va a quedar indemne porque el Tribunal de Cuentas va a seguir de oficio y, si la Fiscalía ve indicios de delito, abrirá diligencias previas", subrayó Barrientos.

Socialistas y populares se intercambiaron ayer numerosas descalificaciones en el pleno, que bajó de intensidad conforme se acercaba el debate sobre el informe del Tribunal de Cuentas. Los populares acusaron a Barrientos de hacer coincidir el pleno con la moción de censura del Ayuntamiento de Marbella para restarle publicidad y de entregar "mutilado" a la oposición el informe contable, del que, aseguraron, faltaban 400 folios. Los socialistas criticaron por su parte al Partido Popular por remitir parte de las alegaciones fuera de plazo y sin los soportes documentales básicos.

Barrientos ha enviado una carta al Tribunal de Cuentas en la que solicita a los auditores que informen al municipio de si estas alegaciones de última hora fueron incluidas en sus conclusiones definitivas. "Esto deja en un estado de indefensión a los administradores que aparecen en el informe como concejales y puede tener graves consecuencias económicas", dijo Barrientos.

El alcalde recordó que en las alegaciones que presentó en su día el Partido Popular, que arrebató la alcaldía al PSOE a través de un pacto con ex ediles del GIL, "se justificaba todo el periodo fiscalizado de la época de Jesús Gil Marín", incluidas las comisiones inexistentes por las que los ediles del Grupo Independiente Liberal cobró 200 millones de pesetas.

Al Partido Popular no le bastó ayer el compromiso del alcalde y del pleno para seguir las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. El secretario general del PP Antonio Sanz, interpretó que el PSOE "ampara las irregularidades cometidas por el GIL en el Ayuntamiento de Estepona" durante el período entre 1995 y 1999.

Sanz calificó de "muy grave" la actitud del PSOE de Estepona y acusó a los socialistas de votar junto al GIL en contra de depurar responsabilidades. Sin embargo, en el pleno de ayer no hubo votación sino que todos los grupos, incluido el popular, apoyaron la resolución de acatar las recomendaciones de los fiscalizadores. Fuentes del Ayuntamiento de Marbella acusaron a Sanz de desconocer incluso la actuación de sus propios concejales.

Sanz, no obstante, insistió: "Se da la circunstancia de que esos administradores que, presuntamente, podrían haber cometido irregularidades, son hoy en día los concejales del GIL que son socios de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Estepona por lo que se ve claramente que los socialistas prefieren ocultar escándalos antes que discrepar con su socio de Gobierno".