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Las autonomías piden al Gobierno un plan para 2.000 emisoras de televisión digital

El Ejecutivo atenderá las peticiones de los municipios pequeños "si hay frecuencias"

Las comunidades autónomas han pedido al Gobierno un plan nacional de Televisión Local Digital con al menos 481 canales a través de los cuales se puedan emitir comprimidos otros 2.000 canales locales. La digitalización permite aprovechar mejor el ancho de banda y ofrecer canales de televisión y otros servicios como Internet. El Gobierno no excluye ninguna petición y se compromete a planificar también las necesidades de los municipios con menos de 100.000 habitantes "siempre que existan frecuencias disponibles", según una respuesta escrita al Senado.

La actual legislación sobre canales locales, aún sin desarrollar al completo, recoge que el plan reservará canales múltiples con capacidad para la difusión de, al menos, cuatro canales múltiples de televisión digital para atender las necesidades de las capitales provinciales y autonómicas, así como de los municipios con más de mil habitantes de derecho.

En una respuesta del Ejecutivo al senador socialista Arturo González, se añade además: "En principio no se excluye del proceso de planificación ninguna de las necesidades planteadas por las comunidades y, por tanto, se planificarán los municipios de menos población [inferior a los 100.000 habitantes] siempre que existan frecuencias disponibles".

Asimismo, añade que, a partir de estas solicitudes, "comienza un laborioso proceso para elaborar el plan", en el que se deberán compatibilizar el elevado volumen de necesidades de canales múltiples solicitado con las estaciones legalmente autorizadas y los acuerdos de coordinación radioeléctrica con los países vecinos.

El Gobierno, tal y como se aprobó en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2003 -que modificó varios preceptos de la Televisión Local por Ondas Terrestres-, fijó para el 31 de marzo pasado el final del plazo para la presentación de solicitudes de concesiones de cobertura local.

Todas las comunidades autónomas han respondido, excepto Castilla y León. Las peticiones ascienden a 481 canales múltiples, o sea, unas 2.000 emisoras, porque a través de cada canal múltiple se distribuyen al menos cuatro programas diferentes de televisión digital.

En Castilla y León funcionan dos cadenas regionales con cobertura en las nueve capitales de provincia y algunos grandes núcleos: Televisión de Castilla y León, en la que participa Vocento (antiguo grupo Correo), y Canal 4 TV, del empresario y editor Antonio Miguel Méndez Pozo. De acuerdo con el Ejecutivo, "en la actualidad no existe constancia de que la solicitud haya sido presentada", pese a que esta comunidad envió un escrito comunicando que, finalizada la elaboración de los estudios previos, remitiría la solicitud.

No obstante, el retraso de Castilla y León no causará el aplazamiento del calendario para la aprobación del plan nacional, puesto que las comunidades autónomas no están obligadas a presentar la solicitud. La ley contempla la posibilidad de poder planificar canales por defecto

en el ámbito autonómico para las capitales y municipios mayores de 100.000 habitantes.

Regulación estricta

En su respuesta al senador Arturo González, el Gobierno subraya también que se "mantiene la previsión" y el cumplimiento del plazo marcado, por lo que el plan deberá estar finalizado en octubre próximo. Entre febrero y junio de 2004, las autonomías podrán convocar los concursos y adjudicar las concesiones.

Las comunidades que demandan más canales múltiples son Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia, Cataluña y Aragón; las que menos, La Rioja, Navarra y Canarias. Ceuta y Melilla han solicitado uno por ciudad.

Además del plan de frecuencias, que propiciará el proceso de adjudicación de las concesiones -de las que actualmente carecen todas las emisoras que existen en España-, el sector de la televisión local vive pendiente de su regulación definitiva, principalmente en cuanto a la composición del accionariado y a la emisión en cadena. En un principio, el PP iba a incluir algunas enmiendas en la Ley General de Telecomunicaciones (LGT), pero finalmente optó por no hacerlo y recurrirá de nuevo a la Ley de Acompañamiento.

El Grupo Socialista en el Senado, que ha mantenido sus enmiendas sobre el sector audiovisual en la LGT, asegura que la legislación actual de incompatibilidad entre concesionarios de televisión es tan estricta que supone la inviabilidad del negocio, tanto de la televisión digital como de las locales, en la mayor parte de los casos.

Entre otras modificaciones, los socialistas piden que se flexibilice el régimen de incompatibilidades en medios de comunicación fijado por el PP a través de la pasada Ley de Acompañamiento. Para este grupo, no es la vía por la que se deben establecer regulaciones básicas para un sector con enorme incidencia para su futuro desarrollo.

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