Problema nacional

El PP se propone hacer de la cuestión nacionalista, y del problema vasco en particular, el eje de su campaña electoral. Pero no, o no sólo, por su importancia para la democracia española, sino porque considera que es un punto débil del actual PSOE. Los socialistas intentan prepararse para esa pugna unificando mensajes y políticas autonómicas. La respuesta de ambos partidos al desafio rupturista de Ibarretxe, en septiembre, será la primera prueba para las estrategias respectivas, y las elecciones catalanas de noviembre, la segunda.

Zapatero ha conseguido que los barones socialistas de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha avalen un documento sobre política autonómica compatible con el programa de Maragall en Cataluña, incluyendo la reforma del Estatuto. En esencia, el documento plantea la legitimidad de las reformas que refuercen la eficacia del Estado autonómico y rechaza aquellas que lo dinamiten como la de Ibarretxe. Sería legítimo, por ejemplo, establecer mecanismos de participación en la Unión Europea, y para ello reformar el Senado, y otras medidas que adapten la Constitución y eventualmente los Estatutos a la realidad actual.

El problema es si la reclamación de competencias no previstas en los Estatutos (en materia judicial, por ejemplo) es compatible con ese fortalecimiento del sistema autonómico o más bien lo contrario. En todo caso, no puede equipararse, como pretende el PP, con la lógica nacionalista que identifica culminación del despliegue autonómico con agotamiento del mismo, lo que justificaría la reclamación de más competencias. Esa lógica llevaría a un proceso de emulación permanente que haría inviable el Estado autonómico.

Socialistas y populares vascos están de acuerdo en rechazar el plan Ibarretxe, y por similares razones: porque con ETA activa no hay condiciones para un debate sobre el marco político en condiciones de igualdad, porque sólo recoge aspiraciones de los nacionalistas y ninguna de quienes no lo son, porque rompe el consenso posible entre ambos campos y porque no podrá alcanzar un apoyo comparable al que tuvo el Estatuto de Gernika. Pero difieren en la forma de hacerle frente. Los populares plantean una férrea unidad de acción de ambos partidos. Es una opción defendible, pero, una vez que los socialistas la han rechazado, el permanente emplazamiento unitario se ha convertido en un motivo artificial de bronca que más bien refuerza las posiciones de los sectores del PSOE que consideran que los compromisos con el PP les atan de manos para hacer oposición y que incluso plantean romper el Pacto Antiterrorista.

Los socialistas vascos acaban de anunciar su intención de presentar una alternativa propia a la de Ibarretxe que incluiría la posible reforma del Estatuto. Hasta ahora se daba por supuesto que la alternativa al plan soberanista era el Estatuto de Gernika. El nacionalismo ha acogido la iniciativa diciendo, de un lado, que es "más de lo mismo", es decir, que no piensan renunciar a su plan por atraer al PSOE; pero también que ese pronunciamiento les da la razón sobre lo insostenible de la situación actual, y que ya todos menos el PP (o sea, el tripartito, Batasuna y el PSE) defienden la necesidad de un nuevo marco político. Esta interpretación ha obligado a los dirigentes socialistas a precisar que, por el momento, no defienden la reforma, sino el desarrollo pleno del Estatuto. Pero esto es algo sobre lo que no existen diferencias serias.

El problema se plantea quizás en el terreno de la imagen. No existe una alternativa a Ibarretxe de sólo los socialistas o sólo los populares, pero la estrategia de Aznar al situar la cuestión vasca como eje de enfrentamiento con el PSOE dificulta la convergencia de ambos electorados en Euskadi; y su agresividad a granel contra el nacionalismo instalado dificulta también que el electorado autonomista del PNV deje de apoyar el programa antiautonomista de Ibarretxe. De ahí que tenga su lógica la búsqueda, que podría parecer artificial en las condiciones de Euskadi, de elementos de diferenciación con el PP.