El Gobierno francés sale al rescate de Alstom con la compra del 30% del grupo

Alstom, uno de los mayores pesos pesados industriales privados de Francia, abrumado por graves problemas de liquidez y al borde de la suspensión de pagos, recibirá un balón de oxígeno del Estado francés. El Gobierno galo confirmó ayer que quiere rescatar el grupo, que emplea a 110.000 personas y que se ve aplastado por una deuda de 4.900 millones de euros, al mostrar su disposición a adquirir el 30% de la empresa. La aportación del Estado rondaría 300 millones de euros, en efectivo. Bruselas expresó "dudas serias" sobre un plan del que reclamó detalles "con urgencia".

El ministro de Finanzas francés, Francis Mer, confirmó ayer que su Gobierno está dispuesto a comprar el 30% de Alstom participando en la ampliación de capital que el propio grupo propone como única salida. Alstom, con unos fondos propios de 900 millones de euros, arrastra una deuda de 4.900 millones. La empresa acaba de vender su actividad de turbinas industriales a su rival Siemens por 950 millones, de los que 254 ya sirvieron, el pasado primero de agosto, para atender a un primer vencimiento de la gigantesca deuda.

La participación del Estado podría traducirse en aportar 300 millones de euros en efectivo. Al mismo tiempo, los bancos acreedores (entre ellos, BNP Paribas, Crédit Agricole y Société Générale), no sólo añadirían, si se zanja un pacto, una cantidad semejante, sino que además suscribirían una emisión de obligaciones que, en un plazo de 5 o 6 años, se transformarían en acciones.

Cotización suspendida

El accionariado de Alstom está muy atomizado. Al margen del 33,3% que cotiza en el mercado, hasta cuatro decenas de bancos y fondos de inversión distintos controlan el capital del grupo. Un 35,4% es propiedad de bancos franceses, porcentaje similar al que está en manos de distintos fondos extranjeros (el principal, Franklin Ressources). Los empleados poseen un 1,5% de las acciones. La cotización de la acción de Alstom está suspendida desde el pasado lunes en las bolsas de París, Londres y Nueva York. El pasado 1 de agosto valía 3 euros, apenas el 10% de su valor de junio 1998.

El presidente director general de Alstom, Patrick Kron, amenazó el pasado fin de semana, tras acudir al Tribunal de Comercio, con una suspensión de pagos.

Hacía ya un mes que, en una Asamblea General, reclamó esos 600 millones de euros (que según el plan de salvación de la empresa pondrían, a partes iguales, el Estado y los actuales accionistas) para poder hacer frente a una serie de pagos urgentes que no le obligaran a malvender al grupo Areva la actividad de transmisión y distribución (T&D) de energía, la más rentable de Alstom. Dicho grupo confía en obtener entre 1.000 y 1.200 millones por su cesión a Areva, especializada en energía nuclear, pero eso sólo era posible si la negociación podía hacerse sin angustias excesivas.

Kron ha recordado que Alstom emplea a 110.000 personas, de ellas 75.000 en Europa y 25.000 de las cuales en Francia. La liquidación de Alstom, que además da trabajo a innumerables empresas subcontratistas, podía comportar un auténtico drama social.

Para Bruselas, la operación con Areva, sociedad semiestatal, ya es sospechosa de ayuda pública encubierta a una empresa privada. Los 300 millones con los que ahora París quiere convertir al Estado en propietario del 30% de Alstom también corren el peligro de aparecer, ante los ojos del comisario europeo responsable de velar por la competencia en la UE, Mario Monti, no como una compra, sino como una ayuda ilegal.

Monti se puso precisamente ayer en contacto con el ministro francés de Finanzas para pedirle que notifique "urgentemente" los detalles del plan de recapitalización de Alstom, y en particular que informe sobre la intervención concreta del Estado francés. Para Bruselas, la operación, a primera vista, plantea "dudas serias", según anunció ayer el portavoz de la Comisión Europea, que quiere examinar con lupa si la transacción pública se ajusta a la legislación europea sobre ayudas de Estado.

A partir de la información que reciba de París, y Francis Mer se dice dispuesto a dar la que le pida, en dos meses Bruselas podría abrir un expediente, siempre que sus inquietudes persistan. La solución podría llegar transcurridos 18 meses, debido a la "complejidad" del caso.

Al equipo de Monti le preocupan tres aspectos. El primero, si la inyección de capital público se produce en condiciones normales de mercado. Si no es así, París deberá presentar un plan de reestructuración de la compañía para justificar la ayuda. En ese caso, la aportación de capital del Estado francés deberá garantizar la viabilidad de Alstom durante 10 años, en los que no se podrían otorgar nuevas ayudas. "Se está creando un interés de mercado en la compañía que no existía antes", indicó el portavoz.Bruselas también quiere aclarar bajo qué circunstancias se produce la inversión privada (otros 300 millones) y si ésta se ajusta también a las condiciones de mercado. Y la tercera duda se centra en el poder del control del Estado francés en Alstom. En teoría, una participación del 30% no supone una renacio-nalización de la empresa. Pero Monti quiere examinar posibles acuerdos empresariales "adicionales" que confieran al Gobierno francés un control total de la compañía.