El CNI deja de investigar casos de corrupción

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), antiguo Cesid, ha suprimido la división de economía y tecnología, que se dedicaba a investigar casos de corrupción política y económica como el caso KIO o las presuntas irregularidades contables y urbanísticas del Grupo Independiente Liberal (GIL) en el Ayuntamiento de Marbella, según señalan fuentes próximas al servicio secreto. La desaparición de esta división se produjo tras el nombramiento de Jorge Dezcallar como nuevo director del CNI, una nueva etapa en la que la corrupción ya no es un prioridad para el servicio secreto.

La división de economía se creó durante la etapa en la que el general Javier Calderón dirigía el Centro Superior de Información para la Defensa (Cesid) y se cerró tras el nombramiento de Dezcallar al frente del nuevo CNI, en mayo de 2001. La ley 11/2002 que regula el funcionamiento del servicio secreto creó la comisión delegada del Gobierno para asuntos de inteligencia que propone al presidente del Ejecutivo los objetivos anuales que se incluyen en la denominada Directiva de Inteligencia. Ésta, así como la organización y estructura interna del CNI, son secretas.

Los agentes secretos intentaban anticiparse a los escándalos y alertar al Gobierno

La división elaboró informes sobre el 'caso KIO' y el grupo GIL en Marbella

Los agentes que trabajaban en la división de economía tenían diversos cometidos, pero su misión principal fue la investigación de presuntos delitos protagonizados por funcionarios públicos en el terreno económico y urbanístico. Se trataba de anticiparse al escándalo y alertar al Gobierno antes de que estos casos trascendieran a la opinión pública. Algunas de sus actuaciones se saldaron con el cese de funcionarios sin que afloraran los casos a la prensa.

Otras prioridades

En el servicio secreto todavía se recuerda la comparecencia en 1994 del general Emilio Alonso Manglano, entonces director del Cesid, ante la comisión parlamentaria del caso

Roldán, en la que confesó a los diputados que lo único que sus agentes sabían del ex director general de la Guardia Civil, condenado más tarde a 31 años de cárcel por múltiples delitos, es "que salía a tomar copas". La división de economía intentaba evitar que esto volviera a suceder.

El responsable de la división de economía y tecnología tenía categoría de jefe y dirigió durante varios años una investigación sobre las actividades de Jesús Gil y de Julián Muñoz al frente del Ayuntamiento de Marbella. Este jefe y su equipo fueron trasladados a otras divisiones del CNI.

Fuentes próximas al servicio secreto atribuyen la supresión de esta división al Ministerio de Defensa, que dirige Federico Trillo-Figueroa, del que depende el nuevo CNI, y aseguran que Dezcallar, secretario de Estado y jefe de los espías, fue ajeno a esta decisión, que causó sorpresa entre los agentes adscritos a las citadas investigaciones y en medios de la Administración que conocían alguna de sus actividades.

Un portavoz del Ministerio de Defensa consultado por este diario declinó facilitar información sobre las causas que motivaron la supresión de esta división y sobre quién adoptó la decisión. "No hay ningún comentario", apostilló el representante del ministerio del que depende el CNI. Directivos del servicio de inteligencia han comentado en ámbitos de la Administración que ahora hay otras prioridades más importantes que la corrupción y han puesto como ejemplo la presencia de mafias rusas en España.

La decisión de suprimir la división de economía supuso un parón en las indagaciones ya abiertas, como el caso Gil. Los responsables de esta división elaboraron un informe reservado de nueve folios y ocho epígrafes en el que analizaban sospechosas operaciones urbanísticas de la constructora Belmonsa, la empresa Marbella Sierra Blanca, la expropiación del hotel Andalucía Plaza, el alquiler de vehículos municipales, la publicidad estática de Marbella, deudas del Ayuntamiento y presuntas evasiones a paraísos fiscales de responsables municipales.

El informe concluía que la actuación del partido de Gil en Marbella no era "una actuación aislada que pueda suponer focos inconexos de corrupción, sino una actuación sistemática, operando de manera coordinada, en la que cada vez con mayor descaro se busca el lucro personal prevaliéndose del cargo público". El informe del Cesid adelantó el proyecto del GIL de presentarse en otras demarcaciones de Andalucía, así como en Ceuta y Melilla, "para seguir cometiendo este tipo de irregularidades".

Y concluía así: "Para evitar que esta situación continúe, convendría aprovechar la auditoría que se está haciendo al Ayuntamiento de Marbella para llevar a cabo una inspección minuciosa de las cuentas del Ayuntamiento y de sus empresas y, por otro, potenciar las investigaciones que sobre los máximos responsables municipales pueda llevar a cabo la Fiscalía Anticorrupción".

Abandono

El Tribunal de Cuentas, cuyos responsables mantuvieron contactos con el Cesid, emitió en 2001 un informe en el que denunciaba decenas de irregularidades contables y 372 millones de euros (62.000 millones de pesetas) gastados o transferidos por el GIL sin justificar.

Desde la desaparición de esta división, el caso del Ayuntamiento marbellí ha sido abandonado por el CNI pese a las quejas de abogados, promotores y constructores que acusan a Muñoz, el actual alcalde, de aprovecharse de su cargo y de cometer numerosas irregularidades. El Tribunal de Cuentas embargó el pasado 9 de julio el sueldo de Muñoz para garantizar la "restitución" de 24 millones de euros (4.000 millones de pesetas) de fondos públicos cuyo destino no ha justificado.Otras investigaciones que afectaban a diversos ámbitos de la Administración también quedaron paralizadas, según fuentes próximas al CNI.