Más de 8.800 firmas rechazan el pantano proyectado en Monòver

Vecinos de Monòver (Vinalopó Mitjà), integrados en la plataforma No al Pantano de Azorín dejaron ayer patente su rechazo al embalse que el Plan Hidrológico Nacional (PHN) proyecta en plena campiña. Un centenar de alegaciones, con 8.864 firmas, se oponen al proyecto, concebido como una presa reguladora del caudal del trasvase del Ebro. La plataforma acudirá a los tribunales si el Gobierno mantiene la obra.

Una representación de la plataforma vecinal contraria a la presa de Azorín, encabezada por su presidente Rafael Marhueda, acudió en la mañana de ayer a la Subdelegación del Gobierno en Alicante para presentar sus alegaciones a la proyectada infraestructura hidráulica. En total, el colectivo adjuntó más de un centenar de razones para justificar su rechazo a la obra. Además, la entidad aprovechó la ocasión para registrar las más de 8.800 firmas de otros tantos vecinos que se oponen a la construcción del embalse.

La plataforma ha recogido estas firmas desde el pasado mes de septiembre, cuando oficialmente el Ministerio de Medio Ambiente comunicó al Ayuntamiento de la localidad su intención de construir una presa en plena campiña del término municipal, una zona en la actualidad ocupada por cultivos de vid y donde, además, se asientan dos poblados con unas 300 casas.

La ejecución del pantano de Azorín ha tomado carta de naturaleza a raíz de la publicación del estudio de impacto ambiental del trasvase del Ebro publicado por el pasado mes de junio. El documento recoge que la campiña de Monòver es el emplazamiento idóneo para construir una presa reguladora del futuro caudal del trasvase.

Las alegaciones de la plataforma No al Pantano de Azorín, elaboradas por un equipo de juristas e ingenieros, se dividen en dos bloques: de un lado, las de carácter jurídico y técnico, y, por otra parte, las relacionadas con el negativo impacto ambiental y socio-económico que acarreará la obra.

En el apartado técnico, las alegaciones de la entidad cívica basan su rechazo al proyecto en que, a su juicio, no está justificado ni desde el punto de vista geológico ni de rentabilidad. Una de las alegaciones subraya que incluso el estudio de impacto ambiental reconoce que el Gobierno da el visto bueno al pantano sin estar demostrada la existencia de una capa de impermeabilidad. En el aspecto socio-económico, la plataforma insiste en el negativo impacto sobre la agricultura y, por contra, afirma que el pantano no supondrá un revulsivo económico, como posible motor de actividades lúdicas y deportivas, como mantiene la Administración.

Rafael Marhuenda afirmó que la intención de la plataforma es llevar su batalla contra el pantano hasta el final: "Si el Gobierno mantiene la obra, no dudaremos en acudir a la vía judicial".