PP y PSOE recurren la Ley de Cajas ante el Tribunal Constitucional

El Partido Popular y el PSOE, a través de 50 diputados de cada partido, presentaron ayer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Cajas de Ahorro vasca. La normativa, aprobada el 7 de mayo en el Parlamento vasco gracias a la ausencia de varios miembros de la oposición, repercute entre otros asuntos en la representación de las entidades financieras.

PP y PSOE observan el cambio legislativo como una maniobra del Gobierno vasco para que la Caja Vital, la única de Euskadi controlada por los constitucionalistas, cambie de orientación política y, por extensión, para "crear la gran Caja de ahorros vasca, porque sin la Vital no se puede formar esa nueva entidad".

Javier Rojo, secretario general del Partido Socialista en Álava, cree que la ley "entronca con la estructura económica que plantea el plan Ibarretxe". "Responde a la ambición nacionalista por conseguir mayor fuerza económica", concluyó.Una vez que PP y PSOE han presentado el recurso, el Tribunal Constitucional debe decidir si lo admite a trámite y si paraliza la ley o no. Javier Rojo confió ayer en que se suspenda de manera "rápida", antes de que en marzo llegue la renovación de los cargos en la Caja Vital. De lo contrario, los socialistas aseguran que existe una posibilidad de que los nacionalistas recuperen el control de la entidad. En las anteriores elecciones, los constitucionalistas ganaron por un solo voto de diferencia, y gracias al apoyo de los trabajadores, incluidos los del sindicato nacionalistas ELA.

Los socialistas han denunciado el contenido de la ley en la forma de elegir a los asambleístas. "Con la nueva reforma, se deberían cambiar el cien por cien de los miembros, algo que no tiene lógica", comentó Rojo. El PP, aunque suscribe este argumento, no lo ha incluido en su recurso.

PP y PSOE también ven indicios de inconstitucionalidad en la exclusión que se hace de los ayuntamientos de fuera del País Vasco donde las Cajas tienen sucursales, puesto que ya no pueden tener representación en la asamblea, el máximo órgano de representación. Lo mismo ocurre con los clientes de fuera de Euskadi. Ahora mismo, la Vital posee nueve oficinas repartidas en Madrid, Castilla y León, La Rioja, Aragón y Cantabria; y en unos meses se sumarán otras tres. En esas localidades, sus ayuntamientos están gobernados por partidos constitucionalistas.

En su recurso, el PSOE entiende que la ley vulnera el artículo 139 de la Constitución, que garantiza que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del país. Vicente Martínez Pujalte, diputado del PP que ha participado en la redacción del recurso, también lo entiende así: "El Parlamento vasco rompe el principio de despolitización de las Cajas y entra a saco para conservar el poder en esas entidades".

Rojo recuerda que las Cajas administran "el 60% de los fondos bancarios en el País Vasco". De paralizarse la ley, también frenaría el reglamento que el Gobierno vasco ha preparado y contra el que han reaccionado las tres Cajas (Vital, BBK y Kutxa).