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Editorial:

Querella fundada

Cualquiera que hubiera sido la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco respecto de la querella por desobediencia presentada por el fiscal contra Juan María Atutxa y los miembros de la Mesa del Parlamento Gorka Knorr y Kontxi Bilbao, habría provocado encontradas interpretaciones políticas. En el fondo de la iniciativa del fiscal late un conflicto institucional que no ha encontrado las vías adecuadas para resolverse, que no son, desde luego, las del estrecho marco de un proceso penal.

Pero una cosa son las interpretaciones políticas de una decisión judicial y otra su descarada instrumentación política por los actores enfrentados que se sitúan tras ellas. Es inadmisible que desde el Gobierno vasco se lance el mensaje de que la admisión a trámite de la querella "no es fruto de la independencia judicial" y que desde el Gobierno, por boca del ministro Michavila, se anticipe la acción de la justicia, dando por hecho que "el Parlamento vasco está presidido por una persona que está imputada por un delito muy grave". De momento, Atutxa no es un imputado, sino sólo un querellado, y las diligencias que se abren a partir de ahora pueden concluir de diverso modo, sin excluir su sobreseimento o archivo.

Son, en todo caso, consideraciones jurídicas y no políticas las que deben sustentar cualquier juicio medianamente fundado sobre la decisión del tribunal.Ninguna duda puede caber de que son este tipo de consideraciones las que han guiado tanto a la mayoría de los magistrados que han optado por la admisión de la querella como a la minoría que se ha pronunciado en contra. La diferencia estriba en que los primeros han ajustado su decisión a las estrictas exigencias de admisión de una querella, que son su fundamentación en hechos aparentamente delictivos, la clara especificación del delito cometido y la legitimación de quien la formula.

En cambio, los magistrados de la minoría han introducido cuestiones que sólo en la instrucción de la querella o, en último término, en el juicio oral deberían ser debatidas y en su caso demostradas: que Atutxa se vio imposibilitado de cumplir la orden del Supremo por la votación de la Junta de Portavoces o que el grupo Sozialista Abertzaleak se diferencia de la ilegalizada Batasuna. Pero esas y otras cuestiones son las que constituyen el objeto del proceso y cuyo debate hurtarían los magistrados de la minoría con su rechazo de la querella.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 31 de julio de 2003