Buenos Aires, una sociedad en llamas

"La sociedad está en llamas", advierte el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Juan Pablo Cafiero. Los delitos contra la propiedad, los secuestros y homicidios en ocasión de robo aumentaron en proporción al desempleo y la indigencia. En las comisarías de todo el país se reciben cada día más de 3.500 denuncias, el 25% en la provincia de Buenos Aires. Pero muchos ciudadanos sospechan de la complicidad de la policía con las bandas y prefieren organizar su defensa por su cuenta.

Los futbolistas famosos no usan sus coches nuevos ni se dejan tomar fotos; los comerciantes atienden detrás de rejas; los vecinos de los barrios pagan seguridad privada, colocan alarmas, luces extras en las calles, utilizan códigos para avisar que rondan desconocidos. Las señales y las fracturas sociales que provoca el miedo están a la vista en los muros y terrazas de las casas bajas del gran Buenos Aires rodeados con rollos de alambre de púas, en los gestos desconfiados, en la hondura del dolor que los telediarios sirven a la hora de la cena.

1993 registró 558.860 delitos. En 2001 fueron 1.178.530, y quieren mejorarlo en 180 días

Son dos, tres, crímenes cercanos al día. Gritos, llantos, preguntas: "¿Por qué? ¿Qué necesidad tenían de matarlo así, a sangre fría?".

A Leandro Denegri, un estudiante de derecho de 22 años le dispararon al corazón porque se negó a entregar las llaves de su coche. Sucedió el 27 de junio a mediodía, en Wilde, periferia de Buenos Aires. Su madre, quebrada de dolor, se instaló con una carpa frente a la comisaría y reclamó el apoyo popular. Los criminales, tres jóvenes, fueron finalmente detenidos. Como tantos, robaban coches para entregarlos a cambio de 150 euros en los llamados "desarmaderos", donde se desguazan y se revenden por partes. La venta ilegal de repuestos factura al año más de 100 millones de euros.

El Gobierno movilizó a las tropas de la Gendarmería y de la Prefectura naval, policías de frontera, para completar los operativos de control de rutas. Además requisó los depósitos y negocios que vendían "autopartes". En dos semanas ese tipo de delitos, principal causa de homicidios y asesinatos, se redujo a menos de la mitad. ¿Acaso la policía y los alcaldes de los municipios del gran Buenos Aires no sabían antes cómo funcionaba el negocio?

Hace dos semanas el Jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sobrado, fue destituido al comprobarse que, antes de asumir el cargo, había desviado 333.000 dólares a un paraíso fiscal. El comisario no pudo justificar su patrimonio. Tres días después viajó a Uruguay y nadie ha vuelto a saber nada de él. Hace unos días el comisario Anibal Degastaldi, uno de los altos cargos que podía ser candidato a la sucesión de Sobrado, fue relevado mientras se investiga su patrimonio, estimado entre 500.000 y un millón de euros. Hay otros quince jefes de "la bonaerense", como se conoce a la policía de Buenos Aires, que cobran unos 1.500 euros al mes y son sospechosos de enriquecimiento ilícito.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Juan Pablo Cafiero, advirtió a los mandos: "Al que se niegue a revelar su patrimonio lo voy a llevar al próximo entierro de un colega asesinado para ver que explicaciones les da a los familiares". Cada día muere, o queda gravemente herido, un policía.

Cafiero admitió a EL PAÍS que "aún cuando la provincia no está cartelizada ni mucho menos, hay organizaciones mafiosas como las vinculadas a los secuestros con extorsión. Pero la policía no tiene el grado de complicidad que la gente supone".

El pánico desbordó las previsiones. Hace tres meses comenzaron las "puebladas" en ciudades y municipios y las manifestaciones de vecinos de los barrios de la capital. El nuevo presidente, Néstor Kirchner, pidió al ministro de Justicia, Gustavo Béliz, y al gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, que "metan mano" y enfrenten el problema. El comité de crisis, integrado por funcionarios de la nación y de la provincia, aprobó un plan de emergencia y un paquete de medidas con el que se propone bajar los índices de delitos y mejorar la seguridad en 180 días.

En la capital se reforzaron las comisarías. Los representantes de las asociaciones de vecinos les van a auditar los gastos. En caso de secuestro, los fiscales podrán hacer requisas y tomar declaraciones sin autorización de los jueces. Los gendarmes ocuparon posiciones estratégicas en la periferia. Pero nada alcanza, nada calma.

La seguridad es tema central de debate en la campaña para elegir, el próximo 24 de agosto, al nuevo jefe de Gobierno de la capital. La derecha reclama más recursos para la policía y penas más duras. Norberto Quantin, actual secretario de Seguridad, reconoce en conversación con EL PAÍS que "aquí seguimos debatiéndonos entre posturas casi anárquicas y posturas dictatoriales".

Para el ministro Cafiero la solución del problema es compleja: "El delito comienza a crecer en 1994 y crece a la vez que se consolida la idea de la desaparición del Estado". La relación con la distribución de la riqueza desde entonces no parece casual: en 1993, el 10% más rico de la sociedad ganaba 18 veces más que el resto y se registraron 558.860 delitos. En 2001 la distancia entre ricos y pobres era 30 veces más y los delitos fueron 1.178.530. Cafiero advierte: "Hay que enfrentar todo a la vez porque la sociedad está en llamas. Si todo va a ser seguridad y policía, vamos a encontrar sólo respuestas autoritarias. Tenemos que actuar juntos, en la educación, el trabajo, la economía, la salud, la comunicación, en el debate cultural, ideológico...".