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COLUMNA

Para septiembre

El proyecto de Estatuto Político de la Comunidad Libre Asociada de Euskadi (69 artículos agrupados en siete títulos, dos disposiciones transitorias y una disposición derogatoria) filtrado a la prensa la pasada semana tiene el aire de un texto listo para ser remitido al Parlamento de Vitoria sin más correcciones que algunos ligeros retoques; sus líneas maestras coinciden con la orientación soberanista del plan de superación del Estatuto de Gernika expuesto por Ibarretxe en septiembre de 2002 ante el Parlamento vasco. El lehendakari afirma, sin embargo, que se trata sólo de uno de los ocho borradores de trabajo previos al documento definitivo, sin aclarar el lugar que ocupa dentro del listado de versiones sucesivas (caso de proceder de una misma fuente) o alternativas (si los equipos de expertos son varios). Aunque el presidente del PNV se jactó hace pocos días de haber leído ese proyecto, las otras dos formaciones que integran el Gobierno vasco -Eusko Alkartasuna (EA) y Ezker Batua-Izquierda Unida (EB-IU)- afirman desconocerlo.

La evasiva resistencia del lehendakari a dar carta de naturaleza oficial al texto filtrado aconseja dejar para el próximo mes de septiembre el análisis y la valoración del proyecto definitivo anunciado por Ibarretxe. No vale la pena detallar siquiera los abundantes puntos de su articulado que harían imprescindible una revisión total previa de la Constitución de 1978 a fin de darles una hipotética cabida; esa drástica reforma exigiría la aprobación de la iniciativa por el Congreso y el Senado con mayoría de dos tercios, la posterior disolución de las Cortes Generales, la ratificación y aprobación del texto revisado con la misma mayoría cualificada por las nuevas Cámaras y la celebración de un referéndum de ratificación en toda España. Ni que decir tiene que los grupos parlamentarios del PP y del PSOE en las Cortes Generales, cuyos escaños sumados desbordan con mucho la mayoría de los dos tercios exigidos para la reforma constitucional, respaldarían la previa decisión tomada por los diputados populares y socialistas en la Cámara vasca: la puesta en marcha legal, pacífica y democrática de la imaginaria Comunidad Libre Asociada de Euskadi dentro de España y -por tanto- de la Unión Europea sería inviable en la práctica si el Parlamento de Vitoria no contase con el voto del PP y del PSOE.

La falta de consenso dentro de la Comunidad Autónoma para modificar el Estatuto de Gernika de 1979 no afecta sólo a los partidos sino también al electorado. La marginación por el lehendakari del PP y del PSOE, que representan a los vascos sin adscripción nacionalista, implica la sustitución de la democracia representativa confiada a los partidos y a las elecciones por una especie de democracia orgánica encauzada a través de patronales, sindicatos, municipios y hasta asociaciones deportivas. El reciente libro de José Luis Barbería y Patxo Unzueta titulado Cómo hemos llegado a esto (Taurus, 2003) incluye unas exhaustivas tablas sobre el respaldo obtenido en las urnas desde 1977 a 2001 por los proyectos sometidos a referéndum y por las ofertas de los partidos; los autores calculan los porcentajes sobre el censo electoral (los votantes efectivos en relación con los votantes inscritos). El Estatuto de Gernika, refrendado en octubre de 1979 por 831.000 votos (el 90,20% de los sufragios emitidos) con el apoyo del PNV, el PSOE y UCD, fue refrendado por el 53,13% del censo; en las elecciones autonómicas de 2001, el voto nacionalista sólo alcanzó el 41,28% del censo. Si se recuerda que un porcentaje significativo del electorado nacionalista no es independentista, se concluye la imposibilidad de que el proyecto soberanista de Ibarretxe -sea cual sea el vencedor de los ocho borradores- pueda alcanzar el 53,13% de 1979.

Pero el lehendakari tiene, además, problemas dentro de su coalición de gobierno. El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, se ha mostrado crítico con el proyecto filtrado a la prensa; también Javier Madrazo ha tomado distancias en nombre de EB-IU. Sólo la sectaria estrategia electoralista del Gobierno del PP orientada a utilizar la grave crisis del País Vasco para ganar votos en el resto de España a costa del PSOE y de IU -acusándoles de formar parte de una conjura rojo-separatista- podría paradójicamente sacar a Ibarretxe del callejón sin salida en que se ha metido.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 30 de julio de 2003