El 'caso Yukos', una revolución cívica en Rusia

El poderoso magnate del petróleo Mijaíl Jodorkovski, presidente de la compañía Yukos, se ha mostrado dispuesto a no dejarse intimidar por el acoso al que es sometido por la Fiscalía del Estado y ha animado a sus conciudadanos a mostrar valor cívico y defender la democracia ante las arbitrariedades que, según él, se cometen al amparo de las instituciones encargadas de velar por la legalidad y la seguridad en Rusia.

"El que pueda apoyar los procesos democráticos, al margen de los problemas que puedan surgir, está moralmente obligado ante sí mismo y ante sus propios hijos a participar en estos procesos, porque los empleados a sueldo de nuestro país, en la teoría y en la práctica, pueden quitarle el trabajo, atropellarlo, ahogarlo, recurrir a acciones ilegales contra él", manifestó Jodorkovski el sábado en un seminario organizado por la Escuela de Estudios Políticos de Moscú, en Golitsyno, en las cercanías de la capital rusa. Para Jodorkovski, que disertaba sobre "la responsabilidad cívica del empresariado", los funcionarios del Servicio Federal de Seguridad (FSB), heredero del KGB soviético, y la Fiscalía del Estado son esos "empleados a sueldo" de la sociedad civil que no tienen aún conciencia de su función de servicio a la sociedad, debido a la herencia feudal y la falta de tradiciones democráticas de Rusia.

Desde principios de julio, el hombre más rico de Rusia y una parte de la jerarquía política están enfrentados en un conflicto abierto, que pone en cuestión la solidez de la transición al Estado de derecho en Rusia y plantea incertidumbres sobre el papel del presidente Vladímir Putin.

"El ciudadano ruso está bastante indefenso y si alguien tiene el dinero, la posición social o simplemente el valor personal que le permite luchar, está obligado a hacerlo", señaló Jodorkovski ante un auditorio formado por un centenar de jóvenes profesionales de la política procedentes de diferentes regiones de Rusia. El dilema existente en Rusia hoy, según el magnate, enfrenta a la sociedad civil y el empresariado, por una parte, y los órganos de seguridad, por la otra. La fuerza de estos sectores en pugna están hoy "igualadas", señaló el empresario. "Ellos se consideran la autoridad y nosotros los consideramos la autoridad, aunque en realidad nosotros somos la sociedad civil y la autoridad, y ellos, el personal de servicio", afirmó Jodorkovski.

A juzgar por los procesos que se ciernen sobre los dirigentes de Yukos (siete investigaciones criminales, dos por presuntos delitos económicos y otras cinco por asesinatos), la Fiscalía del Estado parece pensar de otro modo. El miércoles, Platón Lébedev, uno de los principales accionistas de Yukos, que había sido detenido el 2 de julio, vio denegada la libertad condicional que había solicitado. El jueves, los abogados de Alexéi Pichugin, el jefe de seguridad de la empresa, que está encarcelado desde el 19 de junio, denunciaron que su cliente había sido drogado con el fin de arrancarle una confesión. Pichuguin habría quedado inconsciente durante varias horas por haber ingerido una sustancia que le habría sido administrada diluida en el café o el coñac que le ofrecieron sus interrogadores. Éstos eran miembros del Servicio Federal de Seguridad y no de la fiscalía, según fuentes próximas a Yukos. Al inconsciente Pichuguin se le habría inyectado además alguna sustancia no identificada con una inyección que habría dejado marcas en el cuerpo del detenido.

Tanto Lébedev como Pichuguin están en la cárcel de Lefórtovo de Moscú. A Lébedev se le acusa de haberse apropiado indebidamente de 280 millones de dólares en el proceso de privatización de una fábrica de abonos en la península de Kola en 1994. A Pichuguin se le considera sospechoso de haber organizado el asesinato de una pareja (padres de su ahijado) de la región de Tambov, en el centro de Rusia, y de haber intentado asesinar a una portavoz del alcalde de Moscú en 1998.

Las acusaciones son refutadas como absurdas por la empresa petrolera, que ha acusado a la fiscalía de "transgredir las leyes de enjuiciamiento penal" al tratar de involucrar a la compañía con expedientes penales, de los que "se informa al público antes incluso de que se hayan presentado los cargos formalmente".

Pese a su determinación de no ceder ante la intimidación de los órganos de seguridad y de ir a la cárcel incluso, si llega el caso, Jodorkovski trata de no poner a Putin contra las cuerdas y deja abiertas vías de compromiso con el presidente o con otros altos funcionarios del Estado.

En el entorno de Yukos se opina que un sector del espionaje interno y de las instituciones de orden público pueden mantenerse neutrales en este conflicto. Parte de ellos, sin embargo, se habría lanzado a "una operación de acoso y derribo" en la que se utilizan métodos con el espíritu de las tradiciones policiales totalitarias del país.

Jodorkovski ha recibido apoyo más o menos directo del jefe del Gobierno, Mijaíl Kasiánov, del vicejefe del Gobierno responsable del desarrollo económico, German Gref, así como del consejero económico presidencial, Andréi Ilariónov, entre otros funcionarios, además de la principal patronal de Rusia. De momento, en opinión de diversos analistas financieros, el conflicto está frenando las inversiones en Rusia y está obligando al Banco Central a gastar una parte considerable de sus reservas para evitar la depreciación del rublo frente al dólar. Los cálculos sobre la pérdida de reservas en divisas desde que comenzó el conflicto son superiores a los 1.000 millones de dólares.