Una agenda completa

Hace un año el presidente de la Comisión Europea encargó a un grupo de ocho prestigiosos economistas (presididos por André Sapir, y del que ha formado parte el español José Viñals) la redacción de un informe en el que se revisara el sistema completo de formulación y ejecución de políticas económicas en la UE y propusiera una estrategia para la consecución de un crecimiento económico más rápido, compatible con la estabilidad y la cohesión, en la Unión ampliada. Su presentación por Romano Prodi al Colegio de Comisarios, el pasado día 13, no suscitó precisamente un gran entusiasmo. El trabajo está muy lejos de ser una mera amenaza al statu quo comunitario: constituye una muy valiosa pieza para el análisis del anquilosamiento económico que sufre Europa y para la rigurosa identificación de los retos a que se enfrenta en el futuro inmediato.

Y el diagnóstico, en lo esencial, no es nuevo; en gran medida se corresponde con el que amparó la formulación de los propósitos formulados en la Cumbre de Lisboa en marzo de 2000: la manifiesta mediocridad de los registros de crecimiento económico de Europa durante la última década, tanto en términos absolutos como en su contraste con EE UU. Desde principios de los ochenta, lo que hoy es la UE no supera una renta por habitante equivalente al 70% de la estadounidense porque es incapaz de generar una mayor productividad del trabajo y un mayor empleo de factores que aquella economía. En un contexto internacional caracterizado por un intenso cambio tecnológico y una competencia verdaderamente global, la sostenibilidad del propio crecimiento y la asimilación de la inmediata ampliación no están en modo alguno garantizadas. El análisis de las implicaciones de la extensión del número de países presentes en la Unión ya justificaría por sí mismo el cuestionamiento de unas políticas y unos procedimientos de decisión comunitarios concebidos cuando la dinámica de integración era muy distinta a la actual.

Las propuestas del informe se articulan en una agenda con seis exigencias: dinamizar el mercado único, impulsar la inversión en conocimiento, mejorar la estructura de la política macroeconómica en la UEM, rediseñar las políticas de convergencia y reestructuración, conseguir más eficacia en los procesos de decisión y regulación y, por último, cambiar el enfoque del presupuesto comunitario. Han sido las tres últimas las que han generado las reacciones más airadas por algunos comisarios, pero bien valdría la pena que se analizaran con cierto detenimiento las consideraciones que conducen a las mismas.

No son justas las acusaciones de dogmatismo o exceso de academicismo que en algunos medios de comunicación han aparecido. En algunos casos no se hace sino subrayar, con la complicidad de la evidencia reciente, la necesidad de cambios obvios: en el mayor protagonismo que ha de desempeñar la inversión pública (la de los gobiernos y la de la propia UE) en investigación y desarrollo y en educación de posgrado, o la no menos reclamada reinterpretación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para adecuar cíclicamente su aplicación y particularizar la misma en los países según las carencias de cada uno de ellos. En otros es cierto que las iniciativas son más audaces, pero no menos sugerentes para el enriquecimiento de un debate tan necesario como urgente.