El escándalo Eurostat amenaza la supervivencia del Ejecutivo comunitario

El escándalo descubierto en Eurostat, la oficina estadística europea donde había una caja B y contratos ficticios con empresas privadas, ha provocado una fuerte crisis en la Comisión Europea y augura un otoño caliente en Bruselas que hace peligrar la supervivencia del actual Ejecutivo comunitario. El caso ha desvelado unas prácticas inconcebibles en una administración en la que los intereses públicos y privados han estado y están mezclados.

Fuentes oficiales de la Comisión se remontan a los años ochenta para explicar la situación. Fue la época en la que el presupuesto comunitario comenzó a crecer, al igual que las tareas de la Comisión, pero sin un aumento equiparable de su plantilla de funcionarios (hoy unos 21.000). Empezaron a aplicarse "nuevas formas de gestión, a veces sin respeto a las reglas financieras".

Así, diferentes departamentos empezaron a desviar partidas de sus presupuestos para suscribir contratos con empresas privadas para que éstas colaboraran o hicieran directamente tareas de la Comisión, en muchas ocasiones utilizando despachos y medios del Ejecutivo comunitario. Se crearon decenas de oficinas de asistencia técnica (BAT, en sus siglas en francés) y en la Comisión crecieron por centenares los "submarinos" o empleados de empresas privadas que trabajaban codo con codo con los funcionarios hasta no diferenciarse unos de otros.

Eurostat no fue una excepción, con la ventaja para su director general, el francés Yves Franchet (en el puesto desde 1987 hasta el pasado día 9) de que su sede está en Luxemburgo, a más de 200 kilómetros de la comisaría de Asuntos Económicos, de la que depende, lo que le daba una gran autonomía fuera de control. Y empezó a firmar contratos: con sociedades creadas en colaboración con Gobiernos de la UE (como el Instituto TES o el Centro Europeo de Formación-CESD) que a su vez recibían subvenciones de la Comisión; otras, con empresas lanzadas a iniciativa propia por Eurostat (como Eurocost, que evaluaba el nivel de vida de cada país), y otras con empresas privadas ya existentes (como Planistat o 2SDA). Planistat, además, tiene contratos también con una docena de direcciones generales de la Comisión y otros tantos ministerios franceses, con lo que la mezcolanza es total.

Dos increíbles ejemplos de la mezcolanza en Eurostat entre lo público y lo privado: Franchet y otros directores generales de la Comisión estuvieron en los consejos de administración de TES y CESD; para el manejo y gestión de decenas de contratos, Eurostat creó cuentas ocultas cuyo dinero (hay ya datos sobre el movimiento de 900.000 euros) era manejado al alimón por jefes de unidad de Eurostat y responsables de las empresas privadas contratadas.

La OLAF investiga Eurostat desde octubre de 2000. Desde entonces ha informado de sus hallazgos a la justicia de Luxemburgo (hace un año) y a la francesa, pero no a la Comisión por una absurda norma de que no debe hacerlo como garantía de su independencia. Por eso, Franchet ha permanecido en su puesto muchos meses más después de que la OLAF supiera ya que la oficina estadística era un foco de putrefacción financiera.

Hoy, la clave de cómo se desarrollarán los acontecimientos tras la pausa veraniega reside en la Comisión de Control Presupuestario (Cocobu), donde los eurodiputados más activos son democristianos alemanes y conservadores británicos. Otra clave es si los 20 comisarios optarán por asumir colectivamente su responsabilidad u optarán por centrar sus debates en responsabilidades individuales. Un dato: antes de iniciar su mandato, en otoño de 1999, cada comisario firmó una carta de dimisión sin fecha que tiene Romano Prodi en su poder.