¿Quién ha perdido la cordura?

El final de curso no puede estar más movido. Tanto que me imagino que debe ser un quebradero de cabeza para los directores de los periódicos la composición de la primera página. La posguerra iraquí con el envío de tropas españolas en las condiciones en que se está haciendo. La compra del Gobierno de la Comunidad de Madrid. El plan Ibarretxe y la sombra de la coacción federal prevista en el artículo 155 de la Constitución reiteradamente proyectada por Jaime Mayor Oreja. La depuración en el interior del Ministerio Fiscal. La anulación de la composición de la Sala de Discordia que tiene que decidir la admisión a trámite de la querella contra Juan María Atutxa y otros dos miembros de la Mesa del Parlamento vasco por parte del Consejo General del Poder Judicial...

La enumeración es puramente ejemplificativa y se limita a asuntos de hoy, 24 de julio, en que estoy escribiendo esta columna. Cada uno de ellos es de un calado político notable. Todos juntos dibujan un panorama mucho más que preocupante, en la medida en que reflejan una discordia interna de tal intensidad que impide que se pueda hacer política.

Estamos quedándonos cada vez más sin soluciones políticas para los problemas con los que tenemos que enfrentarnos. Hoy estamos peor que hace una semana. Y hace una semana peor que hace unos meses. Todas las decisiones se adoptan porque sí, porque se tiene fuerza suficiente para imponerlas, pero sin pretender convencer a nadie no ya de la necesidad sino ni siquiera de la oportunidad de las mismas.

Ayer se interrogaba Don Ewitt, creador del programa Sixty minutes en la CBS, ¿qué hace España en la guerra de Irak? Eso mismo nos preguntamos todos. Y como no se puede dar una explicación, el presidente del Gobierno no puede acudir al Parlamento y se envían las tropas a Irak sin aprobación de las Cortes, lo que es constitucionalmente más que discutible. En Madrid se van a repetir las elecciones, que es algo que no ocurre en ningún país democrático. Es una solución mafiosa. El instrumento es democrático, pero la solución no lo es. Las relaciones entre el País Vasco y el Estado carecen de cualquier respuesta política y se contemplan única y exclusivamente desde una perspectiva cuasi bélica. La corrupción institucional del Ministerio Fiscal como consecuencia de la actuación de un fiscal general más propio del régimen del general Franco que de la democracia no permite que nadie mínimamente imparcial pueda tener confianza de ningún tipo en dicha institución. La intervención de un órgano de gobierno, como es el Consejo General del Poder Judicial, en el proceso de admisión a trámite de una querella contra miembros de la Mesa del Parlamento, es un paso más en la implicación del Poder Judicial en el conflicto vasco, que dificulta todavía más encontrar algún tipo de respuesta política.

Es posible que el presidente del Gobierno siga pensando que España va bien, pero si hace unos años alguien se hubiera atrevido a pronosticar que las Fuerzas Armadas iban a ser enviadas como fuerzas de ocupación sin mandato de Naciones Unidas y sin aprobación parlamentaria, que se podía comprar el Gobierno de Madrid, que se podía hacer uso del artículo 155 de la Constitución para poner fin a la autonomía en el País Vasco, que se podía producir una depuración sectaria en el Ministerio Fiscal o que se podía procesar penalmente al presidente del Parlamento vasco, todos hubiéramos pensado que se había vuelto loco. ¿Quién está perdiendo la cordura?