Los inmigrantes podrán seguir todo el verano en los cuarteles de Sant Andreu

La titular del juzgado de Primera Instancia número 37 de Barcelona, Isabel Giménez, ha denegado la petición del Ministerio de Defensa de tramitar por la vía de urgencia el juicio por el desalojo de los cuarteles de Sant Andreu. Se descarta así la posibilidad de que las 600 personas que malviven en el recinto, en su mayoría inmigrantes, sean desalojadas en agosto, un mes inhábil judicialmente. El proceso no se reanudará hasta septiembre.

Durante el juicio celebrado el pasado lunes, el Ministerio de Defensa, propietario del recinto militar, solicitó el trámite de urgencia "atendiendo al perjuicio que se puede causar al Estado". Sin embargo, la juez Giménez denegó ayer esta solicitud en una providencia en la que expresa que no hay motivos para recurrir a la vía de urgencia. La juez considera que la suspensión de los trámites durante el mes de agosto, sólo hábil en caso de procedimiento urgente, no afectará al ministerio y entiende que Defensa debería haber solicitado esta vía cuando presentó la demanda contra los ocupantes, según explicaron ayer fuentes judiciales.

El portavoz de la asamblea de los habitantes de los cuarteles, Yerko Toro, manifestó que la decisión judicial "es un paso positivo", pero apuntó: "Seguimos diciendo que la única salida es la regularización de los inmigrantes porque esto es un problema humanitario y no judicial". Las dos asociaciones de vecinos del barrio que se han mostrado más sensibles a la realidad de los inmigrantes que ocupan los cuarteles y partidarias de su realojamiento, la de Sant Andreu Nord y la de Sant Andreu del Palomar, coincidieron ayer en que la decisión judicial "no es una buena noticia".

"Jarro de agua fría"

El portavoz de Sant Andreu Nord explicó que los vecinos quieren "que los terrenos se destinen cuanto antes a los equipamientos previstos". Lluís González, de la asociación de Sant Andreu del Palomar, señaló que "dilatar en el tiempo la decisión del desalojo es una falta de sensibilidad tanto para los inmigrantes como para los vecinos" y criticó la "dejadez" de Defensa "por permitir la situación actual". Según la portavoz de la Plataforma por Sant Andreu, Dolores Torres, la decisión judicial "ha caído como un jarro de agua fría". "Esperábamos una sentencia con fecha de desalojo", dijo.

El proceso judicial continuará durante lo que queda de este mes. Mañana los abogados de los ocupantes presentarán una lista de preguntas a la juez para que las traslade a Defensa. Con esas preguntas se pretende demostrar que el ministerio abandonó los cuarteles en 1998 y que desde 2001 ha "tolerado" su ocupación, explicaron fuentes de la defensa.