Las empresas, obligadas a aplicar un plan de prevención de riesgos

Las empresas estarán obligadas a elaborar e implantar un plan de prevención de riesgos laborales, según la reforma de la ley que el Gobierno aprobó ayer remitir al Parlamento. Esa norma, que da cumplimiento al acuerdo alcanzado en diciembre con los agentes sociales, prevé también sanciones para las compañías que contraten trabajadores de empresas de trabajo temporal (ETT) que no hayan sido informados debidamente de los riesgos del puesto. Se trata de una ley de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas e irá por el trámite de urgencia.

El proyecto de ley de reforma de prevención de riesgos laborales cuenta con el informe favorable del Consejo Económico y Social (CES) y tiene como fin prioritario combatir los accidentes laborales, que en los tres primeros meses del año se ha cobrado la vida de 232 trabajadores y el año pasado 1.104, una estadística que coloca a España en el país de la UE con mayor siniestralidad.

Junto a la obligación de las empresas de elaborar e implantar planes de prevención, y la integración de éstos en su sistema de gestión, la norma detalla que los planes deben incluir la evaluación de los riesgos y la planificación de las acciones preventivas que es necesario desarrollar. Esas acciones preventivas han de ser debatidas antes de su puesta en práctica con los representantes de los trabajadores encargados de prevención. Las empresas con actividades peligrosas han de designar responsables en materia de seguridad.

La Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social también sufrirá modificaciones, y se tipificará como objeto de infracción la no inclusión de la actividad preventiva en la empresa y el incumplimiento de la aprobación en las empresas de los planes de prevención. También será motivo de sanción no llevar a cabo las evaluaciones de riesgo o no realizar aquellas actividades de prevención que se deriven del estudio.

Se considerará infracción muy grave la suscripción de pactos entre empresas que tengan por objeto eludir las responsabilidades en materia de riesgos. Serán asimismo infracciones graves aquellos supuestos en los que una empresa contrate trabajadores a través de una ETT y les permita incorporarse sin haberse cerciorado antes documentalmente de que han recibido información sobre los riesgos, que poseen la formación específica y que cuentan con un estado de salud compatible con el puesto a desempeñar. La norma reconocerá a los funcionarios de las comunidades tareas de asesoramiento y comprobación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, y una mejor colaboración con la Inspección de Trabajo.

Por su parte, el presidente del CES, Jaime Montalvo, defendió ayer en Santander el valor del Pacto de Toledo, que, aunque "necesita revitalizarse", es "un componente fundamental y un método insustituible" para acordar medidas que aseguren el futuro de la protección social, informa Efe.