Las ayudas sociales se coordinarán mediante un nuevo plan de inserción

Todas las actuaciones de las administraciones vascas en la lucha contra la pobreza y la exclusión social se pretenden coordinar mejor tras la aprobación, el martes, del Plan Vasco de Inserción 2003-2005. El proyecto tiene una dotación de 2.586 millones, pero en su mayor parte ya se están ejecutando. Su objetivo es promover la inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión, unas 20.000 en Euskadi. Para ello se cambiarán las actuales Ayudas de Emergencia Social (AES), de forma que sean puntuales, y se impulsarán proyectos como la banca ética, en colaboración con las cajas.

La banca ética es un proyecto que ya se ha puesto en marcha en la BBK. En su última asamblea, el 28 de junio, se aprobó la puesta en marcha de una emisión de depósitos solidarios por importe de seis millones de euros, a los que la entidad contribuye inicialmente con dos millones. Los clientes de la caja que suscriban estos depósitos recibirán unos réditos anuales del 1,40% y aportan el resto de la rentabilidad correspondiente a ese fondo destinado a conceder créditos asequibles a personas con dificultades económicas. La suscripción de los depósitos solidarios -un mínimo de 300 euros por persona y un máximo de 6.000, que es de 60.000 para las entidades- da acceso al comité de ética compuesto por representantes de impositores, beneficiarios y entidades sociales que garantizará el adecuado destino de esas aportaciones.

El Gobierno quiere ampliar esta idea a las otras dos cajas vascas. Además, quiere ofrecerse como mediador para que las personas perceptoras de ayudas sociales (la renta básica o las AES) no sean desalojadas de sus viviendas en caso de impagos a entidades bancarias. El Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, responsable máximo del Plan Vasco de Inserción, intentará sacar adelante esta idea con el respaldo de los ayuntamientos, e incluso está dispuesto a promover "cambios legislativos", comentó ayer el consejero, Joseba Azkarraga.

Sin embargo, el núcleo del plan es la coordinación de todas las ayudas y las actuaciones que funcionan actualmente en el País Vasco. Por eso, en él participan cuatro departamentos del Gobierno (Vivienda y Asuntos Sociales, Educación y Sanidad, además de la consejería de Azkarraga), las tres diputaciones y los ayuntamientos.

El objetivo último del plan, que se ha elaborado durante dos años, consiste en lograr la integración social y laboral de las personas marginadas. En el País Vasco, 20.597 familias percibieron el mes pasado alguna de las ayudas sociales, de las cuales entre un 15% y un 25% se han convertido en crónicas.

Estas ayudas han crecido con el tiempo. En 1989, un total de 4.900 personas percibieron el salario social. Ahora, se ha multiplicado por cinco. Eso no quiere decir, según Azkarraga, que "haya más pobreza, sino que ha habido una flexibilización de los criterios para concederlas". El propio consejero afirma que "la salud social de Euskadi es buena, si la comparamos con otras comunidades de nuestro entorno".

Entre los colectivos que reciben las ayudas, los inmigrantes representan sólo el 21,29% del total. También se acogen a la renta básica (ayudas a quienes no llegan a ganar el salario mínimo) y las AES (para situaciones de emergencias sociales) las personas con dificultades para conseguir un empleo, como mujeres maltratadas, separadas o ex presos, y a perceptores de pensiones no contributivas (por ejemplo, de viudedad) que, pese a todo, no llegan hasta el salario mínimo.

Cambiar las AES

El Gobierno se ha propuesto reformar la fórmula actual de las AES. Se trata de unas ayudas de emergencia para una situación puntual, pero en realidad algunos perceptores las reciben de manera permanente. "Las mantendremos", aseguró Azkarraga, "pero no como una ayuda continuada". La mayor parte se destina a pagar una vivienda. Por eso, resulta fundamental la creación de reservas de pisos sociales en alquiler, para reducir este coste. Azkarraga pretende que las AES sirvan como vehículo para integrar a personas en esa situación en el mercado laboral.

Entre los compromisos de la consejería con este plan está el aumentar la cuantía de la renta básica. Ahora mismo, supone el 81% del salario mínimo interprofesional. Para el año 2006, se pretende llegar al 86%. En total, se han propuesto 41 objetivos concretos, que se trducirán en 408 actuaciones. Para todo ello, las administraciones implicadas gastarán un total de 2.586 millones de euros durante el trienio de 2003 a 2005.