Comisión guillotinada

La comisión parlamentaria que debía investigar en la Asamblea de Madrid la trama de intereses en torno a la deserción de dos diputados socialistas ha nacido muerta. La acumulación de vetos del Partido Popular a la comparecencia de diez de sus dirigentes y su negativa a que Hacienda aportara informes sobre los investigados colmaron la paciencia de PSOE e IU, que bloquearon la comisión con el voto favorable del tránsfuga Tamayo.

El portavoz socialista, Rafael Simancas, declaró que su grupo no iba a contribuir a semejante farsa. El programa mínimo aceptado por el PP, que limitó la presencia de los suyos al secretario general de Madrid y al ex alcalde de Alcorcón, fue calificado por los socialistas como un intento de desvirtuar las tareas de la comisión de investigación y de evitar que se conozca la verdad sobre la trama inmobiliaria.

Los beneficiarios directos de esta trifulca, que pone en evidencia la nula voluntad de transparencia del PP, son los tránsfugas que están en el origen del escándalo. Pero el PP consigue de carambola lo que venía persiguiendo desde hace cuatro semanas: que no se constituya una comisión de investigación que sólo podía traerle problemas añadidos y que la decisión obedezca a una congregación de votos de socialistas, Izquierda Unida y los propios tránsfugas.

La liquidación de la comisión de investigación es, en cualquier caso, una pésima noticia para unos ciudadanos que se sienten estafados. Y coincide con la paralización de la acción judicial, tras el rechazo de la querella presentada por el PSOE ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la confirmación de su escasa base argumental por parte de Jiménez Villarejo. El fiscal Anticorrupción cree, no obstante, que los hechos conocidos exigen una investigación a fondo para la que tiene hasta ahora la prohibición expresa del fiscal general del Estado.

La tergiversación de los resultados electorales en los pasados comicios de la Comunidad de Madrid, la acumulación de casualidades que revelan una perversa colusión entre intereses inmobiliarios y comportamientos políticos, y la alarma social que ha provocado exigen una investigación en forma, por parte de la justicia o por parte del Parlamento regional, y posiblemente por parte de ambos. Entre otras razones, porque muy pronto volverán a convocarse unas elecciones a las que los ciudadanos no pueden acudir sin saber qué sucedió exactamente para que tengan que regresar de nuevo a las urnas en el plazo de cuatro meses.