Peligra el juicio contra el único imputado por el 11 de septiembre

El caso contra Zacarías Moussaoui, el único detenido en EE UU acusado de participar en los atentados del 11-S, sigue hundiéndose en una confusa maraña legal. El Departamento de Justicia se niega a permitir que Moussaoui use el testimonio de otro sospechoso de los ataques para probar su inocencia, invocando razones de seguridad nacional. De confirmarse la negativa, el juicio, que se ha postergado en diversas ocasiones, podría pasar a un tribunal militar.

La juez encargada del caso, Leonie Brinkeman, accedió a que Moussaoui, que lleva su propia defensa, pudiera interrogar, en una conexión satélite, a Ramzi bin al-Shibh, un yemení capturado el año pasado en Pakistán, supuesto coordinador de Al Qaeda y presunto organizador de los ataques contra las Torres Gemelas.

Según la acusación, Bin al-Shibh, una de las escasas pistas que relacionan a Moussaoui con los atentados, le transfirió dinero para que se uniera al resto de los secuestradores del 11-S. Moussaoui sostiene lo contrario.

El Departamento de Justicia argumenta que el interrogatorio "tendría como resultado revelar información confidencial (...), una situación inaceptable para el Gobierno que no sólo tiene la responsabilidad de enjuiciar al acusado, sino de proteger la seguridad de la nación en un momento de guerra con un enemigo que ya asesinó a miles de nuestros ciudadanos".

La juez tiene varias opciones. La más radical sería desestimar las acusaciones contra Moussaoui, lo que podría trasladar el caso a un tribunal militar, una opción que el Gobierno preferiría evitar porque deslegitimaría aún más un proceso legal que ya ha sido muy criticado. La magistrada también podría optar por reducir los cargos contra Moussaoui o borrar toda mención de Bin al-Shibh.

Moussaoui, francés de origen marroquí, fue detenido en Minnesota en agosto del 2001, un mes antes de los atentados. Aunque ha reconocido ser miembro de Al Qaeda, niega toda participación en los ataques del 11-S. De ser hallado culpable, se enfrentaría a la pena de muerte.

Proceso dudoso

El dudoso proceso legal contra los detenidos del 11-S está causando graves enfrentamientos entre las asociaciones de abogados y el Gobierno y plantea serias cuestiones sobre los límites de la justicia y los imperativos de la seguridad nacional. El pasado 3 de julio, el presidente George W. Bush anunció que seis "enemigos combatientes" detenidos en Afganistán, que podrían incluir a dos británicos y un australiano, serían juzgados ante un tribunal militar en Guantánamo.

La normativa permite a los militares grabar las conversaciones entre cliente y abogado; obliga a los letrados a revelar información que pudiera indicar futuros crímenes, les pide que paguen 2.800 dólares para acceder al material confidencial y les insta también a informar a la fiscalía del contenido de sus pruebas.