Los cuarteles, ante su hora final

Una de las imágenes más habituales de la vida cotidiana en los cuarteles de Sant Andreu es la de alguno de sus ocupantes empujando un carro de supermercado repleto de garrafas de agua. Vaya donde vaya, el propietario del carro viene con toda seguridad del único grifo de agua potable que existe en los 100.000 metros cuadrados de superficie del recinto.

Rodeado de aguas negras y basura, el grifo es quizá lo único que comparten todas las personas que malviven en las antiguas instalaciones militares. Porque ni las circunstancias, ni las aspiraciones, ni las soluciones son las mismas para todos; todo ello convierte el desenlace de este conflicto en especialmente complejo pese a que el Ayuntamiento, la Generalitat y la Delegación del Gobierno han pactado su salida.

Desde inmigrantes subsaharianos que prácticamente acaban de llegar a España en busca de un futuro, hasta magrebíes o latinoamericanos que hablan seis idiomas y tienen estudios superiores, pasando por okupas españoles e italianos, toxicómanos o grupos más o menos organizados de ciudadanos de la ex Europa del Este. El abanico de perfiles de los ocupantes de los cuarteles de Sant Andreu es muy variado. Cabría sumarles todavía un reducido grupo de familias gitanas rumanas y búlgaras que fueron realojadas por el Ayuntamiento cuando comenzó el proceso de desratización del recinto, la semana pasada.

La ocupación de los edificios militares del paseo de Torras i Bages se remonta a hace dos años. Hoy, sobre todo ante la inminencia del desalojo, nadie sabe exactamente cuántas personas habitan en las instalaciones, pero se estima que la cifra se sitúa en torno a 600 personas.

El colectivo más numeroso lo componen inmigrantes subsaharianos y magrebíes en situación irregular. Son unos 250, pero no todos se encuentran en las mismas condiciones. En torno a 60 de ellos tienen abiertos expedientes de expulsión y una treintena ha pasado en algún momento por el centro de internamiento de la comisaría de la Verneda. Los 150 restantes constituyen el bloque en el que se está centrando el trabajo de Cruz Roja, organización que por encargo de la Generalitat se está ocupando del dispositivo de atención social y realojamiento. Pero el proceso es lento: se desarrolla caso por caso, por lo que hasta ayer sólo se había encontrado un techo alternativo a 26 de estos inmigrantes.

En cualquier caso, todos ellos aspiran a conseguir la regularización, para lo que confían en la organización Papeles para Todos. Precisamente ha sido esta organización la que ha dado instrucciones a fin de que solicitaran abogados de oficio para comparecer en la vista oral del próximo lunes, lo que ha sido seguido por la mayoría de este grupo.

Muy diferentes son los componentes del segundo grupo, formado por unos 150 okupas -muchos procedentes de Italia, aunque también los hay españoles y latinoamericanos- que rechazan la atención de las administraciones y es presumible que se marchen si finalmente se dicta una orden judicial de desalojo.

Por último, existe en los cuarteles un tercer grupo, integrado por ciudadanos de Europa del Este, algunos de los cuales podrían ser ex militares y estar relacionados con bandas dedicadas a negocios irregulares. Este grupo también ha rechazado el dispositivo de ayuda social.

Aunque el trajín de garrafas de agua continúa, el ambiente en los cuarteles ha cambiado mucho desde hace una semana. El proceso de limpieza que comenzó con la colocación de raticidas y está culminando con el derribo de los muros que rodean el recinto y los edificios deshabitados, ha producido un cambio tanto en el aspecto de las instalaciones como en los ánimos de sus habitantes.Se acerca el fin y lo saben. Incluso parece que se haya reducido el número de ocupantes, aunque quizá es sólo una apariencia, ya que algunos reconocen abiertamente que salen menos por miedo a las frecuentes identificaciones por parte de la policía.

Con las piquetas ha llegado también la tensión. Los ocupantes denunciaron ayer que reciben presiones por parte de la policía y el Ayuntamiento y que incluso se les ha ofrecido dinero para que se marchen. El Ayuntamiento lo negó rotundamente.