El Poder Judicial podrá imponer los nuevos jueces que debatirán la querella contra Atutxa

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pondrá hoy en marcha -al acordar, previsiblemente, la supensión cautelar de la Sala de Discordia que deberá deshacer el empate sobre la admisión o no a trámite de la querella del fiscal contra el presidente del Parlamento vasco, el peneuvista Juan María Atutxa- un procedimiento que podrá concluir con una imposición al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). La iniciativa podrá llevar al CGPJ a imponer al TSJPV los tres jueces que completarán a los cuatro que empataron en la votación sobre la admisión de la querella. La suspensión cautelar impedirá que hoy pueda reunirse la Sala de Discordia con la discutida composición acordada por su presidente.

Manuel María Zorrilla, presidente del TSJPV y de su Sala de lo Civil y Penal, encargada de enjuiciar a los aforados en razón de su condición de parlamentarios, acordó el 11 de julio completar la Sala de Discordia con el llamamiento de tres nuevos magistrados: Manuel Díaz de Rábago Villar, Enrique Torres López de Lacalle y María Abelleira Rodríguez. Se llegó a esta decisión al registrarse un empate sobre la admisión de la querella del fiscal contra Atutxa y otros dos parlamentarios vascos que se negaron a disolver el Grupo Parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA), el sucesor de la ilegalizada Batasuna.

La Fiscalía General del Estado solicitó la suspensión cautelar de la reunión de la Sala de Discordia por estar en desacuerdo con la composición de ésta decidida por el presidente del TSJPV. La Sala de Discordia había sido convocada para hoy a las 10 de la mañana, pero la interposición por el Ministerio Fiscal de este recurso de alzada ante el CGPJ impedirá que dicha sesión se celebre si, como es muy probable, la comisión permanente acuerda antes de esa hora la suspensión cautelar de esa decisión.

Dudas sobre la Sala

Fuentes de la mencionada comisión permanente anticiparon a este periódico que, dadas las dudas existentes sobre la corrección legal de la decisión tomada por Zorrilla, lo más adecuado será la suspensión cautelar de la misma, hasta tanto el pleno del CGPJ se pronuncie sobre el fondo del recurso del fiscal, a fin de impedir que se produzcan perjuicios irreparables, como sería la toma de una decisión sobre la admisión de la querella.

El proyecto de resolución elaborado por el vocal propuesto en su día por consenso de PP y PSOE, Agustín Azparren, designado ponente de ese asunto, propone decretar la suspensión cautelar del acuerdo de Zorrilla y su elevación al pleno del CGPJ para su ratificación, así como al presidente del TSJPV y al fiscal general.

Azparren invoca el artículo 262.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece el procedimiento para resolver en caso de empate, mediante la incorporación de magistrados de la misma sala, "el presidente de la Audiencia y, finalmente, los magistrados de las demás salas, con preferencia de los del mismo orden jurisdiccional".

La propuesta de resolución recuerda que la composición de la Sala de Discordia "ha de obedecer a criterios reglados, sucesivos y de obligada observancia, con el fin de evitar cualquier atisbo de sospecha que pudiera derivarse de la pura indeterminación". Es decir, que si no existen los magistrados previstos en dicho precepto, "es obligada la remisión" a otras normas de la misma ley, como el artículo 199, que se refiere a magistrados "libres de señalamiento y, entre éstos, los más modernos".

Azparren analiza la decisión impugnada y, a la vista de que la Sala Civil y Penal del TSJPV está integrada por cinco magistrados -uno de los cuales está de baja por enfermedad-, una vez producido el empate entre los cuatro que ejercen sus funciones, deberían habérseles incorporado los tres más modernos, que son María Abelleira Rodríguez (una de los tres designados por Zorrilla), María José Hernández Vitoria y José Antonio Alberdi Larizgoitia. Añade que los tres han sido "llamados para completar salas en recientes ocasiones y por aplicación de distintos acuerdos de la sala de gobierno".

"Turno preestablecido"

En cambio, Zorrilla ha defendido el criterio adoptado, siguiendo "rigurosamente un turno preestablecido" y no "arbitrariamente". En consecuencia, para la resolución definitiva del recurso del fiscal será necesario escuchar las explicaciones de Zorrilla y conocer los criterios utilizados, según manifestó a este periódico el vocal para el País Vasco Javier Martínez Lázaro.

Una vez que el pleno del CGPJ, tras ratificar la suspensión cautelar, aborde la resolución de fondo del recurso del fiscal, en caso de mantener que se trata de un acuerdo gubernativo (aunque Zorrilla lo denominara "providencia"), el órgano de gobierno de los jueces impondrá que qué tres magistrados completan la sala de admisión. La resolución será recurrible.