Jueces para la Democracia apuesta

Hemos acabado de celebrar el 18 congreso de Jueces para la Democracia (JpD) en Benicàssim (Castellón) y ha llegado la hora de hacer un pequeño balance informativo para la opinión pública. JpD ha apostado una vez más a favor de los objetivos que justifican nuestra existencia como asociación independiente, al servicio de todos los ciudadanos y que actúa teniendo como norte el respeto y la salvaguarda de los derechos humanos. Pero concretemos.

Hemos apostado, y la pena es tener que recordarlo una vez más al inicio del siglo XXI, a favor de la independencia judicial y en contra de los intentos de condicionar los fallos judiciales que se han estado haciendo en los últimos tiempos por el Gobierno español y con la inestimable colaboración del sector mayoritario del Consejo General del Poder Judicial. Los casos de los ataques a la actuación de la compañera Ruth Alonso, a pesar de reconocer que había aplicado la legislación actual en materia penitenciaría y la correlativa propuesta legislativa de la creación de un juzgado central de vigilancia penitenciaria que se aleja del principio de proximidad que tiene que regir la actuación del juez de vigilancia penitenciaria. O el caso de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional que fue fulminada de entrada en contra de todo criterio seguido en casos precedentes. O el caso de las declaraciones del ministro de Justicia criticando un fallo judicial que consideraba erróneo porque sólo "había que leerse el Código Penal". O la desconsideración a un juez de vigilancia penitenciaria que dictó una resolución que no gustó al Gobierno y que se lo desconsideró "por tratarse de un juez sustituto".

JpC apuesta por mantener su independencia frente a los intentos de control del Gobierno y el CGPJ

Por todos estos motivos que llevan a concluir la voluntad del poder político a influir en los miembros del poder judicial para obtener una respuesta que coincida con sus intereses, Jueces para la Democracia cree necesario impulsar un renovado compromiso de la independencia, la imparcialidad y la responsabilidad del juez como referentes constitucionales del poder judicial.

Hemos apostado por pronunciarnos públicamente contra las oleadas de reforma legislativa encaminadas a endurecer las condiciones de cumplido de penas o de estas mismas con fundamento en una filosofía de mano dura contra la pequeña delincuencia. Se pone de manifiesto la búsqueda de un simple efecto mediático sobre el tema de la seguridad ciudadana pero la reforma proyectada podría comportar una violación de derechos fundamentales y pone de relieve un absoluto desinterés al actuar sobre las causas que, en muchas ocasiones, explican el problema. Por otra parte, parecería que la delincuencia mayor (de contenido económico) más bien podría beneficiarse de determinadas medidas legales como las propuestas.

Otro de los pronunciamientos asociativos cogidos a Benicàssim se centra en el proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que se encuentra en fase parlamentaria. Entonces se llegó a la conclusión de que esta reforma en el texto actual no cumple los mínimos indispensables que nosotros consideramos tiene que tener una reforma de una ley básica, y por este motivo tenemos que proclamar públicamente nuestro rechazo. Si se quiere una reforma debatida y consensuada de la LOPJ hay que hacerlo sin tantas prisas y con más diálogo sincero y una reflexión profunda entre todos los interlocutores.

Pero también hemos dado un paso y hemos apostado, dentro de la amplia modernización de nuestros estatutos, por un tema que creemos esencial hacer público. En la línea de la salvaguarda de los Derechos Humanos hemos apostado por mirar hacia dentro de nuestra casa para ver si éramos coherentes con nuestro discurso de siempre. Y la respuesta ha sido que no. Teníamos una asignatura pendiente en el tema de la igualdad de géneros puesto que la realidad nos mostraba que nuestras compañeras no tenían el espacio que les corresponde en igualdad de condiciones con los compañeros. Solución: el de la incorporación del criterio de la paridad de género en todos los órganos de JpD. Se propuso que no hubiera nunca más de un 60% de componentes de un órgano que fueran del mismo sexo. Se aprobó. Como también la existencia de una comisión delegada de la Igualdad de género a JpD. Podemos decir, pues, que somos la primera asociación judicial que ha adoptado esta acción positiva para tener presente en todo momento la aplicación del principio de igualdad. Así ponemos de relieve que la defensa de los Derechos Humanos no es sólo una proclamación de puertas hacia fuera sino también de puertas adentro.

Éstas han sido las apuestas que JpD ha decidido afrontar y ahora hay que demostrar que somos capaces de llevarlas a cabo.

Carles Cruz Moratones es coordinador y portavoz de Jueces para la Democracia en Cataluña.