Hacia el avispero
El presidente Bush acaba de reconocer por primera vez que su país tiene un serio problema de seguridad en Irak, adonde España enviará en breve 1.300 soldados. Su ministro de Defensa, Rumsfeld, en una reciente y tormentosa comparecencia ante el Senado, ha admitido que el costo humano y material de la ocupación es mayor que el esperado y que las tropas de EE UU pueden permanecer durante un largo periodo de tiempo en el país árabe.
Washington nunca consideró en su idílico guión posbélico que el deterioro de la situación fuera tan rápido y agudo. El Pentágono señala que los ataques a sus tropas no son operaciones de guerrilla ni están coordinados. Pero el goteo de muertos y heridos es constante y no pasa día sin que soldados estadounidenses, y con menos frecuencia británicos, sean hostigados con armas cada vez más avanzadas, según sus propios mandos. Ni unos ni otros están entrenados para ejercer de policías o confraternizar con una población que por más que odiase a Sadam Husein les ve como invasores.
El peligro de la escalada iraquí para los planes de estabilización posbélica ha provocado en la Casa Blanca un sentimiento de urgencia. Sentimiento azuzado por la convicción a ambos lados del Atlántico de que Washington y Londres manipularon lo indecible para presentar al régimen derrotado como una amenaza inminente, algo que no parece afectar a José María Aznar. El último episodio en la escalada de descrédito han sido las chuscas acusaciones entre la CIA y la Casa Blanca sobre la falsa compra por Bagdad de uranio en Níger.
Primera expresión institucional de esa urgencia ha sido la puesta en marcha contrarreloj, después de varios intentos fallidos, de una Administración interina iraquí cuya primera reunión se anuncia para hoy. La ausencia de un Gobierno nacional es una frustración básica de los exasperados iraquíes, que cada vez más ven a las fuerzas de ocupación como responsables de la continuada falta de servicios básicos y su estancamiento económico. El Consejo de 25 miembros, de mayoría chií, aglutinado por el plenipoteciario Paul Bremer, debe compartir, en teoría, con Washington y Londres la responsabilidad de dirigir el país.
Porque nadie cree que los casi 150.000 efectivos estadounidenses desplegados en Irak puedan permanecer allí años; el Senado ya pide a Bush que solicite ayuda a la OTAN y el Pentágono comienza a tender sus redes para que Gobiernos que no se implicaron en la aventura alivien el fardo de sus tropas. El arrogante Rumsfeld parece dispuesto ahora a dar la bienvenida a una presencia militar francesa o alemana que diluya el carácter conquistador de americanos y británicos. Pero esta participación es muy improbable mientras persista la marginación de la ONU en el proceso de toma de decisiones en Irak.
Con la decisión de despachar 1.300 soldados, España entra en este laberinto envenenado por la puerta falsa. La operación cuenta con el amparo genérico de Naciones Unidas, pero la ONU no la organiza, ni la dirige, ni la financia. Los soldados españoles no serán cascos azules, sino colaboradores de las fuerzas de ocupación. Incluso el mando del contingente nace lastrado por la polémica, tras la decisión sin precedentes del ministro Trillo de desestimar al candidato propuesto por la cúpula castrense.
EE UU ha repartido responsabilidades en función del compromiso que cada país tuvo en la guerra: Polonia, que aportó tropas, aunque su papel fuera simbólico, ha recibido el mando de una división. España, que no pasó del apoyo retórico, ha debido contentarse con una brigada. Y no donde quería, en el sur junto al puerto de Um Qasr. La zona asignada a los soldados españoles es relativamente tranquila, pero igual de reacia a los ejércitos extranjeros. Del recelo a la hostilidad abierta sólo hay un paso, que podría darse si la reconstrucción de Irak sigue sin avanzar.
Las Fuerzas Armadas españolas llevan más de una década de misiones en el exterior, pero nunca se habían enfrentado a una situación semejante, agravada por el abismo cultural que separa a ocupantes y ocupados. También por este motivo la decisión adoptada por el Consejo de Ministros debía haber sido objeto de un acuerdo fruto del debate parlamentario. El ministro de Defensa ha prometido comparecer ante el Congreso, pero cuando lo haga ya habrá zarpado el primer buque con el material del contingente y 30 soldados españoles, en misión de reconocimiento, llevarán más de una semana en Irak. Causa cierto sonrojo que el mismo día en que el Gabinete aprobaba la fuerza expedicionaria, el Parlamento de El Salvador le diera toda una lección de democracia al debatir y votar, con carácter previo a su salida, la participación de los 346 militares de su país que se integrarán en la brigada española.
