Oleada de regulaciones de empleo

El año ha empezado mal en los ajustes de plantilla, pero todo apunta a que irá a peor. Entre enero y abril, se han registrado en el Ministerio de Trabajo 1.744 expedientes de regulación de empleo (ERE), 154 más que en el mismo periodo del año pasado (suben un 9,7%). Trabajo no facilita datos ni nombres del paquete de expedientes en vías de tramitación y que ahora se negocian en grandes compañías, ni tampoco del goteo en otras de mediano tamaño. Aunque todavía no aparecen en la estadística, las empresas han pasado del primer ajuste de plantilla basado en los contratos temporales, de los dos últimos años, a una auténtica oleada de despidos colectivos, bajas incentivadas y prejubilaciones, con la cifra récord de 15.000 marcada por Telefónica.

La ralentización de la economía ha provocado que en los últimos doce meses los asalariados con contratos temporales hayan aumentado un 7%, menos de la mitad del 14,4% que han subido los contratos fijos. Esa evolución del mercado laboral ha dado un giro y las reducciones de plantilla han iniciado un proceso diferente.

Los ERE y otras eliminaciones de empleo fijo afectan a empresas de telecomunicaciones, electrónica y fabricación de componentes, como Telefónica, Auna, Avanzit, Siemens, Tyco Microser y Electrolux (ver gráfico). También a ajustes provocados por reestructuraciones causadas por la introducción de nuevas tecnologías, el aumento de la competencia, las fusiones o la búsqueda de menores costes a través del traslado de la producción, motivos que se reparten Renfe, Iberdrola, Trillo-Almaraz, Sogecable, Vía Digital y Valeo. También en el sector textil empieza a apuntar una crisis, con procesos abiertos que afectan a Puigneró, Toar, Selecciones Americanas (antigua Belcor), Textil Lorca o Paduana.

Además, dos grandes del automóvil, Seat y Ford, tienen en marcha expedientes de suspensión temporal de empleo. En este caso no hay desvinculación de los trabajadores a sus plantillas, sino que, de nuevo, este sector recurre a las suspensiones para adaptar la producción a la demanda. Un proceso cuyo coste se hace recaer en el Inem, que en los periodos de suspensión de contratos paga los salarios, y las empresas financian sus stocks recurriendo a los ERE. Un camino que los sucesivos ministros de Trabajo se han propuesto cortar y al que no se ha puesto remedio. Incluso se ha dado el proceso contrario, ya que se empezaron autorizando expedientes a los fabricantes y se denegaban a la industria auxiliar del automóvil. Ahora se da luz verde a todos ellos, hasta el punto de que fuentes empresariales califican ese recurso como "la envidia para otros sectores".

Paralelamente continúa el proceso de prejubilaciones en la banca, aunque en este sector se trata de un ajuste sin ERE, no recae en las arcas del Inem y es costeado en su totalidad por las entidades. Las pirámides de edad en los dos grandes de la banca, SCH y BBVA, indican que la previsión para este año es que entre ambos puedan registrar otras 2.700 prejubilaciones de trabajadores mayores de 51 años en sus plantillas españolas.

Fabián Márquez, abogado y asesor de la patronal CEOE, reconoce que el primer ajuste lo han aplicado las empresas recurriendo a no contratar más trabajadores temporales y ahora han pasado a reducir la plantilla de personal fijo. Unas mermas de empleo que se están aplicando por "los procesos de fusiones y por la competencia". No cree que se deba a una agudización de la crisis, porque "el consumo no cae, y por tanto tampoco la producción, y no aparece la debacle que algunos vaticinaban". Su impresión es que se trata de un proceso normal en "un mercado cada vez más dinámico y porque todavía no se ha quebrado la incertidumbre ante el futuro" por parte de las empresas.

El secretario de acción sindical de UGT, Antonio Ferrer, cree que "hay distintas causas y realidades empresariales. Un elemento común es un modelo productivo basado en los costes y en mantener la competitividad reduciendo los costes a base de sacrificar empleo". Un sistema con el que se muestra muy crítico porque "nos crea un problema de cara al futuro y que no encara los cambios tecnológicos" y que, a su juicio, es "el que ha venido preconizando el Gobierno del PP". Pese a ese análisis, no ve elementos que justifiquen que se pueda producir un agravamiento de la crisis, ya que los indicadores económicos dicen lo contrario.

Enrique Lillo, abogado de CC OO, detecta un aumento significativo en la presentación de expedientes de regulación de empleo. No sólo los de grandes compañías. También de pequeñas empresas con trabajadores que tienen poca antigüedad y a los que es más fácil rescindir el contrato con una indemnización en torno a 30 días por año trabajado. Se trata de "un goteo en pequeñas empresas de contratas de servicios del sector tecnológico". En unos casos, con suspensión de pagos y, en la mayoría, se aducen causas económicas, por una caída de la demanda o por una bajada de precios. La mayoría de esos expedientes se presentan con un pacto entre las empresas y los representantes de los trabajadores, aunque en los ajustes de plantilla de las pymes los trabajadores no se marchan con los incentivos a la prejubilación de las grandes compañías. Lillo asegura que "se van con la indemnización monda y lironda, y a la calle".