¿Excesivos Estados de bienestar?
El escaso crecimiento económico y el elevado desempleo en gran número de países miembros de la UE se está atribuyendo en la mayoría de medios de información en España a sus supuestamente excesivos Estados de bienestar y a la rigidez de sus mercados de trabajo. Se contrasta, una vez más, el dinamismo de la economía estadounidense con la consabida "euroesclerosis" de la UE, atribuyendo el éxito de EE UU (alto crecimiento económico y bajo desempleo) a su mayor austeridad social (con un gasto social como porcentaje de su PIB muy reducido) y a la gran desregulación de sus mercados laborales. De ahí que las medidas que Alemania y Francia están tomando estos días, consistentes en disminuir sus beneficios sociales y en desregular sus mercados laborales, se consideren buenas medidas para acelerar su crecimiento económico y disminuir su desempleo. Así, un reciente editorial de EL PAÍS (4-6-03) aplaudía las medidas de austeridad social propuestas por el Gobierno alemán, que incluían "la reducción del déficit público, el recorte de prestaciones sanitarias y de desempleo, el abaratar el despido, el elevar la edad de jubilación y el revisar el sistema público de pensiones", considerando tales medidas necesarias para disminuir el paro, aligerando así un Estado excesivamente cargado de "subsidios públicos de todo tipo". Esta interpretación del alto desempleo en gran número de países de la UE ha aparecido también en varios artículos recientes de EL PAÍS, en el que el Estado de bienestar se considera ya agotado. En uno de ellos, significativamente titulado El agotamiento de la socialdemocracia (del 8-6-03), se subraya, una vez más, tal agotamiento del Estado de bienestar ligado al de la socialdemocracia, subrayando que incluso "en Suecia la socialdemocracia y, con ella, el Estado de bienestar están colapsados", concluyendo que "el modelo socialdemócrata se desploma en Suecia como en el resto de Europa en el momento en que no logra mantener pleno empleo, con lo que no le queda otro remedio que renunciar al Estado de bienestar".
Paralelo a esta interpretación de nuestra situación en la UE ha aparecido otro discurso, derivado del anterior pero con identidad propia, que aconseja a las autoridades españolas a seguir el ejemplo alemán y francés y a atreverse a hacer reformas a fondo del Estado de bienestar, siendo el término reformas el código para definir recortes en los beneficios sociales.
A raíz de esta interpretación de nuestras realidades, convendría mirar los datos y ver si se sostienen tales diagnósticos, comenzando por el Estado de bienestar español, cuyo gasto público en protección social es el más bajo de la UE. Así, en el año 2001, tal gasto, como porcentaje del PIB, fue de 19,1%, el más bajo de la UE (cuyo gasto público social promedio fue del 27,6%) después de Irlanda.
La segunda característica de nuestro Estado de bienestar es que el gasto social (como porcentaje del PIB) ha ido descendiendo notablemente a partir del año 1993, cuando había alcanzado un 24% del PIB, siendo aquel año cuando se consiguió un déficit social menor con la UE, que tenía entonces un 28,8%. A partir de aquel año, el gasto social promedio europeo (como porcentaje del PIB) ha ido descendiendo muy lentamente, contrastando con el caso español, en que el gasto social ha descendido mucho más rápidamente, con lo que el déficit de gasto social entre España y la UE ha pasado de 4,8 puntos a 8,5 puntos de diferencia, casi el doble, y ello como consecuencia no tanto de que el crecimiento del PIB haya sido mayor en España que en el promedio de la UE, sino que el crecimiento del gasto público en protección social por habitante ha sido mucho más lento en España que en la UE. Así, mientras que en el año 1993 el déficit del gasto social por habitante en España con respecto al promedio de la UE era de 1.567 unidades de poder de compra (unidades monetarias estandarizadas por el poder de compra de la moneda de cada país), en el año 1999 (el último año en que existen datos comparables con el resto de países de la UE) había pasado a ser de 2.378, un 50% mayor (Vicenç Navarro y Agueda Quiroga, La protección social en España, 2003). Todos los indicadores muestran que esta diferencia ha continuado aumentando, lo cual significa que nuestras pensiones, nuestra sanidad, nuestros servicios de ayuda a la familia, nuestros servicios domiciliarios, nuestras residencias de ancianos y nuestra vivienda social, entre otros servicios, son cada vez más deficitarios en relación al promedio de la UE. Esta divergencia social con Europa se debe a que el incremento de los ingresos al Estado español, resultado de un mayor crecimiento económico y de un incremento de la carga fiscal, no se ha gastado en reducir el déficit social, sino en eliminar el déficit presupuestario del Estado, siendo hoy España uno de los países que tienen el déficit del presupuesto más bajo de la UE y el déficit social más alto, habiéndose conseguido el primero a costa del segundo.
En cuanto a las voces que están pidiendo una disminución del gasto social en España siguiendo el ejemplo de Alemania y Francia, valdría recordarles que estos países (junto con Suecia) son los países que tienen el gasto en protección social más elevado de la UE (30%, 29,6% y 33%, respectivamente) comparado con España, que tiene el gasto más bajo. Recomendar a una persona delgada que pierda más peso es poco aconsejable. Se mire como se mire, España necesita más, no menos Estado de bienestar.
Pero ¿podría asumirse que Alemania y Francia son demasiado gordas, causa de que no puedan competir mejor en la carrera económica? Si así fuera, ¿cómo se explicaría que países como Suecia y Holanda, que tienen un gasto social incluso mayor (33% en el caso sueco) o semejante (28,9% en el caso holandés) tengan un desempleo mucho menor que Alemania y Francia? Aquellos países, Suecia y Holanda, por cierto, son los países más globalizados de la UE (la suma de sus importaciones más sus exportaciones como porcentaje de su PIB es la más alta de la UE), mostrando que la globalización no es la causa tampoco de que los países tengan que disminuir sus Estados de bienestar. En realidad (y en contra de lo que constantemente se asume), los Estados continúan teniendo un papel clave en la configuración de las políticas económicas y sociales de cada país, las cuales dependen primordialmente de las fuerzas políticas (e intereses a los que representan) que gobiernan aquellos Estados. Los datos muestran que -en contra de las tesis que anuncian su muerte, colapso o agotamiento- durante la década de los años noventa el gasto público social (medido como gasto social por habitante) continuó creciendo en la UE, siendo el más alto en los países de tradición socialdemócrata; alcanzó en Suecia el gasto social por habitante mayor en la UE (más del doble, por cierto, del gasto social por habitante de España), siendo a su vez uno de los países con mayor tasa de ocupación y menor tasa de desempleo en la UE y en la OCDE (menor desempleo, por cierto, del supuestamente exitoso EE UU). Como diría Cervantes, "con estos muertos, batallas vencería".
Sí es cierto, sin embargo, que hay gobiernos socialdemócratas europeos que han incorporado elementos muy sustanciales de las tradiciones liberales que les están distanciando claramente de la socialdemocracia, como es el caso de la Tercera Vía neolaborista, con unos costes económicos y sociales elevados. Varios trabajos empíricos han mostrado que su experiencia no ha sido particularmente exitosa. Según Christopher Huhne, comentador de temas económicos de The Guardian, Gran Bretaña, además de ser uno de los países de la UE con menor tasa de producción de empleo, tiene uno de los Estados de bienestar menos desarrollados, con uno de los gastos públicos en sanidad y en educación más bajos de la UE; es también uno de los países con menor movilidad social (lo cual entra en contradicción con su discurso de ofrecer igualdad de oportunidades a todos los jóvenes, independientemente de su clase social) y mayor pobreza entre niños y pensionistas. Tiene, además, una de las políticas públicas menos redistributivas de la UE, siendo el país de la UE con mayores desigualdades de renta; la decila inferior de la población es la que tiene menor renta disponible en la UE, mientras que la decila superior es la que tiene mayor renta de la UE, después de Portugal (New Statesman, 3-3-03). Tales datos deberían diluir el entusiasmo por la Tercera Vía presente en algunos sectores de la socialdemocracia y de la prensa española.
La causa del bajo crecimiento económico de la UE no es su elevado gasto social, sino la escasa demanda a nivel internacional provocada por las grandes incertidumbres creadas por las políticas belicistas del Gobierno estadounidense y por las políticas públicas iniciadas por las instituciones europeas y gran número de Gobiernos de la UE a finales de los años noventa, que es precisamente cuando se ralentiza su crecimiento económico y crece su desempleo. Estas políticas incluyen los elevados tipos de interés impuestos por el Banco Central Europeo y el recorte del déficit público instruido por el Pacto de Estabilidad y que obstaculiza el desarrollo de políticas expansivas del gasto público necesarias para estimular el crecimiento económico. Erróneamente, este estímulo se está intentando a base de recortes de los impuestos, política también favorecida en otro editorial reciente de EL PAÍS (3-7-03), en el que se aplaude "los recortes de impuestos para impulsar el consumo [por parte del Gobierno de Schröder] compensando la reducción de ingresos al Estado con los recortes en el gasto público". Tales políticas olvidan que esas reducciones de impuestos, al favorecer preferentemente a las clases más adineradas, que consumen un porcentaje menor de sus ingresos, tienen un impacto estimulante del crecimiento económico menor que el gasto público, como reconoce incluso el semanario liberal The Economist, que escribe en un editorial que "una primera lección que los Gobiernos deberían aprender es que el gasto público tiene un impacto estimulante mucho mayor que la reducción de impuestos. El Banco Federal Estadounidense (Federal Reserve Borrad) ha calculado que un incremento del gasto público de un dólar en producir bienes y servicios estimula tres veces más el PIB al cabo de un año que un dólar obtenido a través de un recorte de impuestos" (27-10-01). En la UE, sin embargo, se están siguiendo políticas opuestas. Éste es el problema.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra.
