Favores a De la Rosa

La contumacia demostrada por el Gobierno de la Generalitat en dar un trato de favor en el régimen carcelario a Javier de la Rosa despierta serias sospechas sobre las verdaderas motivaciones que impulsan esta protección al financiero que acumula más causas por delitos económicos en este país. En las últimas semanas, el favoritismo del Gobierno de Pujol hacia este reo ha provocado un inquietante enfrentamiento entre el Ejecutivo catalán y jueces y fiscales.

Javier de la Rosa nunca ha sido un preso corriente. Tampoco lo ha sido su trayectoria delictiva. Ingresó en prisión preventiva en octubre de 1994, tras dejar una estela de 9.000 perjudicados en Gran Tibidabo, caso por el que se reclamó una fianza civil de 13.330 millones de pesetas. Pero sólo pasó 117 días en la cárcel. En octubre de 1998 volvió a prisión preventiva por la descapitalización del Grupo Torras, permaneciendo otros 15 meses. La juez decretó su prisión en Soto del Real, pero logró ser trasladado a Can Brians, en Barcelona, por la proximidad del domicilio. Pero resultó más relevante la cercanía del Gobierno catalán, que desde el primer momento le dio una especial protección, provocando la protesta de los funcionarios.

El empresario al que Jordi Pujol calificó en su día de modélico recibió el pasado año su primera condena firme de 20 meses de cárcel por intentar estafar 300 millones de euros al Grupo KIO. El Gobierno catalán se ha encargado de flexibilizar la firmeza de la condena. A las tres semanas de prisión logró el tercer grado, que permite vivir fuera de la cárcel, pernoctando en ella cuatro días a la semana. La medida fue revocada por el juez y en enero de este año volvió a la cárcel. Tres meses después, el Gobierno de Pujol lo volvió a liberar por segunda vez y le concedió el régimen abierto, provocando un recurso del fiscal. La Audiencia lo mandó de nuevo a la cárcel el 2 de junio, pero a los once días el Gobierno de Pujol le favoreció por tercera vez con el tercer grado penitenciario.

La consejera de Justicia, Núria de Gispert, ha llegado a acusar a la magistratura de perjudicar a De la Rosa "por su apellido". Corresponde a la administración penitenciaria, y en último término al Ejecutivo catalán, decidir sobre la progresión en grados de los reclusos, pero son los jueces y fiscales quienes deben vigilar si esa progresión responde a criterios objetivos de reinserción social y no a apreciaciones de otro tipo. De ahí que constituya un auténtico misterio, merecedor de alguna explicación, el empeño persistente -contumaz, según la fiscalía- del Gobierno catalán en sustraer a De la Rosa de sus obligaciones penitenciarias.