El Congreso aprueba la legislación sobre el buen gobierno de empresas cotizadas y cajas

El Congreso de los Diputados aprobó ayer la nueva legislación que incorpora las recomendaciones de la Comisión Aldama sobre el buen gobierno de las empresas cotizadas. Partido Popular, Convergència i Unió y Coalición Canaria votaron a favor, y el PSOE se opuso ante el trato "discriminatorio" que se da a las cajas de ahorro, cuyas exigencias de buen gobierno fueron incluidas a última hora a través de enmiendas en el Senado. Este texto legal que modifica las leyes del Mercado de Valores y de Sociedades Anónimas persigue dar más transparencia y seguridad a los mercados.

Un buen número de las recomendaciones de la llamada Comisión Aldama para la transparencia de las sociedades cotizadas tomaron ayer rango de ley.

En el debate del Pleno del Congreso, las discrepancias saltaron entre los representantes del PP y del PSOE. La representante del PSOE Maite Costa criticó la "política de acorralamiento" y el "trato discriminatorio" del PP y el Ministerio de Economía hacia las cajas de ahorro, debido a que "lo que no se exige a las cotizadas", incluidos los bancos, "se exige a las cajas". El portavoz económico del PP en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte, explicó que la aplicación del Buen Gobierno a las cajas responde al "modelo de autonomía para las cajas, pero que les exige transparencia". Y espetó a la representante socialista si le molestaba que se hicieran públicos los créditos que las cajas conceden a los partidos políticos. Polémicas aparte, éstos son los principales puntos de la nueva legislación que se ofrece como revulsivo a los escándalos empresariales de los últimos años:

- Pactos parasociales. Los pactos entre accionistas que afecten al ejercicio del derecho a voto deben hacerse públicos y comunicarse a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

- Administradores. En la memoria de la sociedad se deberá informar sobre las operaciones de los administradores. Deberán abstanerse de realizar o sugerir operaciones sobre la sociedad o filiales hasta que la información sea pública. Se incluyen el deber de diligente administración, de fidelidad, lealtad y secreto. Responderán frente a la sociedades, accionistas y acreedores del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos.

- Reglamento. Tanto la junta de accionistas como el consejo de administración deberán elaborar un reglamento específico de funcionamiento de la sociedad.

- Informe anual. Las sociedades cotizadas deberán publicar anualmente un informe de gobierno corporativo donde detallen la estructura del sistema de gobierno de la sociedad y de su funcionamiento. Deberá recoger: estructura de propiedad de la sociedad, estructura de la administración de la sociedad, operaciones vinculadas con sus accionistas, sistemas de control de riesgos, funcionamiento de la junta de accionistas y grado de seguimiento de las recomendaciones de buen gobierno societario.

- Información. Las sociedades cotizadas tendran que cumplir las obligaciones de información de la Ley de Sociedades Anónimas por cualquier medio técnico, informático o telemático. Deberán disponer de una página web para difundir la información relevante de acuerdo con lo que fije el Ministerio de Economía.

- Voto en las juntas. El voto de las propuestas sobre puntos del día de cualquier clase de junta general podrá delegarse o ejercitarse mediante correspondencia postal, electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia.

- Cajas de ahorro. Las comunidades autónomas mantendrán ciertas competencias para exigir los contenidos del informe corporativo que consideren oportunos. Este informe anual deberá incluir, como mínimo, la estructura de la administración de la entidad, las operaciones vinculadas y las operaciones intragrupo, los sistemas de control del riesgo y el funcionamiento de los órganos de gobierno. El documento también recogerá las retribuciones totales de sus consejeros, así como las de pensiones y primas de seguros de vida. Obligará a informar sobre los créditos concedidos a los partidos políticos. Deberán constituir una Comisión de Inversiones que informará al consejo de administración de las inversiones y desinversiones a realizar.