¿Delincuentes o excluidos?

Las negociaciones políticas para formar gobierno municipal en Sestao van a tener un punto determinante sobre la mesa: qué hacer con las casi 150 familias gitanas que viven agrupadas en la parte baja del pueblo junto a otras 418. La plataforma Vecinos por Sestao ha irrumpido con fuerza en el pueblo, logrando ser pieza clave al obtener tres ediles en las pasadas elecciones. En primera línea de sus exigencias está la expulsión de los gitanos "conflictivos" y terminar con el programa de inserción laboral que la Asociación Secretariado General Gitano (ASGG) desarrolla en Sestao desde hace dos años. Su pretensión chocará con las conclusiones de un estudio municipal que propone la integración en el mercado de trabajo de ese colectivo, así como con los propios resultados del plan: 21 contratos laborales entre los 150 participantes.

Para los vecinos de Sestao, su pueblo está divido en la parte alta y la baja. En la baja se encuentran los barrios de Chavarri, Urbínaga, Simondrogas, Rivas y Los Baños, en los que malviven 551 familias repartidas en 540 pisos construidos hace más de 100 años, y en donde la herrumbre de las antiguas fábricas y el paso del tiempo han dejado 79 viviendas en ruinas, 85 vacías, y el resto con una imagen de desolación y degradación.

Entre los residentes hay 133 familias gitanas y otras 18 de otras etnias. Los servicios sociales del municipio calculan que unas 19 de esas familias son "problemáticas y conflictivas", y casi la totalidad vive en Rivas y Simóndrogas, la zona más degradada, según un estudio encargado por el Ayuntamiento para la rehabilitación urbana y social de la zona.

En este escenario urbano es donde se desarrolla la guerra contra la población gitana. Como en todos los conflictos contra un colectivo étnico nadie reconoce su carácter racista. "Estamos contra la delincuencia y la inseguridad. Y se da la circunstancia de que son gitanos los que atemorizan y los que delinquen. En Sestao ha habido toda la vida gitanos, algunos se integran y otros no, y a éstos hay que echarlos. Algunos se han comprado pisos o han tirado la puerta abajo. Se aprovechan de la picaresca. Buscan la vida fácil a costa de ayudas, sin aportar nada a la sociedad. No dejan vivir a nadie", argumenta Iñaki Asensio, portavoz de Vecinos por Sestao. Asensio eleva a 130 el número de familias "conflictivas" que hay que expulsar del pueblo para que termine esta situación "insostenible". Por eso, reconoce con claridad que va a utilizar el peso de los 2.974 votos para negociar con el alcalde, Alberto Lozano, (PNV-EA, 7 ediles) no sólo la expulsión de los gitanos sino el cierre de la oficina de la ASGG, que en 2002 recibió 42 millones de euros de subvención. "La existencia de ese programa no tiene sentido. Es imposible intentar integrarles laboralmente si no les enseñas antes a levantarse de la cama, a lavarse, a integrarse socialmente. La experiencia de la ASGG no ha dado resultado. Está claro que la ASGG no tiene cabida en Sestao", sentencia.

El anuncio de la apertura de la oficina de la organización intercultural, con una trayectoria de más de 30 años, ya estuvo precedida del sonido de los tambores de guerra de las movilizaciones vecinales que rechazaban la presencia gitana en el barrio. "Nuestro programa Acceder se desarrolla en 34 municipios de España durante el período 2001-2006, a través de un convenio anual con el consistorio, que complementa el aporte del Fondo Social Europeo, que financia el 45%.Nuestra labor es prestar servicios de acogida, información, orientación, y acompañamiento a la formación y el empleo para personas gitanas", explica Javier Pérez, responsable en el País Vasco.

Su expulsión, "delirante"

Junto a él trabaja Vicky Suárez, la coordinadora del programa, y quien trata con los gitanos. "Antes tenían miedo de que se concentraran los gitanos. Pero ahora reconocen que no habido ni un problema. ¿Que no viene nadie? Claro que vienen. Y eso a pesar de que estamos muy lejos de donde viven. No se les pone fácil. De todas formas, este es un proceso a largo plazo. Toca a la relación con el trabajo; a sus cambios culturales, a todo", señalan al unísono. A ambos les resulta "delirante" la petición de que se eche a las familias gitanas del pueblo. Los problemas de los barrios bajos de Sestao no tienen que ver con los gitanos sino con la exclusión social. Reconocen que puede haber grupos conflictivos pero excluyen a la mayoría. "Para esos, lo mismo que para el resto. Que se les aplique la ley. El que comete un acto delictivo tendrá que pagarlo, pero no el resto del colectivo. Los propios gitanos se suelen quejar de que pagan justos por pecadores. El problema es que se ha creado una bolsa de pobreza tremenda en la zona que genera exclusión. Pero los gitanos no son los únicos delincuentes", subrayan.