España: perspectivas sombrías

Se cumple en estos días el 25 aniversario de la adhesión de España a la Convención de Ginebra de 1951 y al Protocolo de Nueva York de 1967, es decir, conmemoramos el primer cuarto de siglo del compromiso de la sociedad española con la ayuda a los refugiados, pero nunca, desde 1978, la situación y las perspectivas de los refugiados en nuestro país han sido tan difíciles como ahora.

Ante los innumerables obstáculos que plantea el Gobierno, el número de personas que han solicitado asilo continúa cayendo en picado ya que en los cuatro primeros meses de este año sólo se han registrado 1.879 solicitudes, frente a las 2.895 del mismo periodo del año anterior, según los datos provisionales ofrecidos por la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior. Además, el número de estatutos de refugiado concedidos ha disminuido un 45% en el primer trimestre, pues no han sobrepasado la ínfima cifra de 36.

El primer informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, La situación de los refugiados en España, arroja más luz sobre las crecientes dificultades de éstos no sólo para llegar a nuestro país, sino también para ejercer el derecho a solicitar asilo. Por ejemplo, la primera fase del procedimiento de asilo, la resolución sobre la admisión a trámite de la petición de asilo (incorporada por la reforma de la Ley de Asilo de 1994 tan sólo para casos excepcionales), constituye ya un dique insalvable para dos de cada tres personas que durante 2002 solicitaron el estatuto. ¿Y qué decir de la situación en nuestras fronteras? En Ceuta, efectivos de la Policía Nacional han obligado de manera absolutamente irregular e inhumana a solicitantes de asilo a abandonar el territorio español. En Tarifa, durante 2002 el Gobierno continuó impidiendo la intervención a pie de playa para proporcionar asistencia jurídica e información en materia de asilo a los extranjeros.

Otro motivo de preocupación es la restrictiva interpretación que el Gobierno está haciendo de la Convención de Ginebra ya que, además de otorgar muy pocos estatutos, se están concediendo estatutos de protección subsidiaria (con menores garantías y sujetos al cada vez más severo marco de la legislación de Extranjería) a personas que a nuestro juicio merecen el estatuto de refugiado.

Las trabas y obstáculos para viajar a España están afectando especialmente a ciudadanos de países golpeados por situaciones de extrema violencia y violaciones de derechos humanos cotidianas. Tal es el caso de los ciudadanos colombianos que, desde que se les impuso el visado de entrada en enero de 2002, han visto reducidas de manera drástica sus posibilidades de pedir asilo en nuestro país. Por ello, pedimos al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que las personas que huyen de violaciones de derechos humanos puedan viajar a España a pedir asilo.

En cuanto al reasentamiento, durante los últimos cuatro años España sólo ha acogido a 17 refugiados de terceros países que, por el elevado número de refugiados que reciben y su precaria situación socioeconómica, no pueden atenderles. A pesar de la insistencia de organizaciones como CEAR, el Gobierno continúa sin asumir un compromiso activo de solidaridad internacional y corresponsabilidad en la protección internacional de los refugiados.

Es inadmisible que sean los países empobrecidos los que atienden a más del 90% de los 22 millones de refugiados que existen en el mundo. Pero otros países sí participan en los programas de reasentamiento. Así, por ejemplo, Brasil ha acogido este año a 100 refugiados, Benin a 153, por no mencionar a Dinamarca (500), Finlandia (750) o Australia (4.000).

Los problemas no acaban para quienes, los menos, consiguen pedir asilo u obtienen protección en España. Se encuentran entonces con otros graves inconvenientes que complican su vida cotidiana: ausencia de información suficiente, procedimientos dilatados, trabas a su reagrupación familiar, inserción laboral y, en consecuencia, a su integración social...

Tampoco de la Unión Europea llegan buenas noticias. Amnistía Internacional y CEAR han expresado su preocupación por las tendencias imperantes en el desarrollo de un sistema común europeo de asilo, que tienden a priorizar el control y la represión de la inmigración sobre los derechos de los refugiados, socavando su protección.

Un ejemplo es la propuesta del primer ministro británico, Tony Blair, quien, entre otras cosas, pretendía crear "centros de tramitación de tránsito" donde enviar a los solicitantes de asilo en la Unión Europea. En dichos centros, que estarían situados en países cercanos a la UE, los solicitantes de asilo permanecerían detenidos mientras se tramita su solicitud. Esta propuesta plantea importantes interrogantes desde la perspectiva del Derecho Internacional de los refugiados y podría debilitar las garantías de los solicitantes.

Por otra parte, el proyecto de ley que pretende reformar en España una vez más la LO 4/2000 -a la que sólo me referiré en lo que afecta a asilo y refugio- que paradójicamente de su espíritu inicial sólo mantiene su denominación sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, profundiza en una política restrictiva y policial del fenómeno migratorio. Por supuesto que la lucha contra el tráfico y la explotación de personas debe ser uno de los ejes de toda política migratoria, aunque esto no puede conllevar una utilización abusiva de estos instrumentos.

En los últimos meses se han multiplicado las insinuaciones y amenazas veladas de distintos actores y responsables de la política de extranjería en este sentido, destacándose la detención de un abogado de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Valencia por el solo hecho de atender en su solicitud de asilo a un grupo de polizones que llegó a su puerto.

El proyecto de reforma de la ley también introduce la posibilidad de que las autoridades españolas obliguen a las compañías transportistas, en el momento de finalización del embarque y antes de la salida del medio de transporte, a remitir la información relativa a los pasajeros que vayan a ser trasladados, ya sea por vía aérea, marítima o terrestre, y con independencia de que el transporte sea en tránsito o tenga como destino final al territorio español. Asimismo, toda compañía transportista estará obligada a remitir a las autoridades españolas encargadas del control de entrada una relación del número de billetes de vuelta no utilizados por los pasajeros que previamente hubiesen transportado a España, lo que deberá realizarse en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas desde la fecha de caducidad del billete.

Estas medidas, entre otras, además de transferir la responsabilidad del Estado en las políticas migratorias y el control de fronteras a empresas privadas, lo que tiene un difícil encaje constitucional, tienen el efecto perverso de convertirse en un obstáculo difícilmente superable para los refugiados en busca de una protección internacional; el miedo de las compañías transportistas a ser sancionadas tiene como consecuencia lógica su rechazo a transportar a los que, por efecto de la propia persecución que sufren, no pueden reunir todos los exigentes requisitos de la legislación de extranjería.

La Revolución Francesa nos sacó del lugar de los súbditos para elevarnos a la condición de ciudadanos, somos herederos de varias generaciones de hombres y mujeres que lucharon por los derechos fundamentales de las personas, considerados como individuos provistos de dignidad, al margen de sus ideas, creencias o raza, y que plasmaron nuestras Constituciones; por cierto, la última de ellas, la nuestra. Esas generaciones construyeron sus señas de identidad desde la II Guerra Mundial sobre un grito común: ¡Nunca más!

Nunca más genocidios, nunca más identidades excluyentes, nunca más campos de concentración, nunca más la pasividad cómplice. A nuestra generación no la exculparán por Fuerteventura o Ceuta, donde se hacinan cientos de demandantes de la condición de refugiado, hombres y mujeres perseguidos por sus creencias religiosas o por la persecución política o por defender a otros de los abusos del poder.

A 25 años de la adhesión de la España democrática a la causa de la defensa de los refugiados, las perspectivas para éstos, en virtud de la política del Gobierno del PP, son muy sombrías.

Delia Blanco es presidenta de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado