El nuevo modelo de formación continua

El Gobierno quiere que el 1 de enero próximo cada empresa planifique y ejecute la formación de sus empleados. El nuevo modelo quita funciones al Forcem, donde se sientan administración, patronal y sindicatos, que hasta ahora controlaba la gestión de estos cursos. Los agentes sociales cuestionan que la reforma, que ha levantado ampollas en Cataluña, pueda estar lista este mismo mes.

La secretaria general de Empleo, Carmen de Miguel, espera que el nuevo modelo esté perfilado "en julio". Quiere decir que en pocas semanas, y tras dialogar con patronal y sindicatos, el Gobierno tendría listo un borrador con las líneas básicas del sistema.

Éstas fueron formuladas por el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, hace un par de semanas en el Parlamento: las empresas decidirán cómo forman a sus empleados y, en lugar de financiar esas acciones a través de subvenciones, como en el modelo actual, se las deducirán directamente de las cuotas que por este concepto ingresan en la Seguridad Social (0,35% del salario). Para evitar que las empresas con menos trabajadores o con sueldos más bajos se vieran perjudicadas, se establecerá una bonificación anual -aún por determinar- que beneficiará a las compañías más bajas, "con especial atención a las pymes", subraya De Miguel.

El plazo que se ha dado el Gobierno, anunciado por la secretaria general de Empleo el pasado martes en una jornada organizada en Madrid por Santillana Formación, parece difícil de cumplir. Al menos si quiere consensuar su propuesta con sindicatos, patronal y comunidades autónomas. Según el responsable de Formación de CC OO, Gregorio Marchán, lo único que ha habido hasta ahora es "un intercambio de opiniones, dos reuniones y ningún documento". Para el director de Asistencia Técnica de Forcem y miembro de la patronal CEOE-CEPYME, Manuel San Juan, la propuesta está "lo suficientemente abierta como para no hacer aún valoraciones".

La formación continua, que mueve unos 600 millones de euros en España entre cuotas y subvenciones del Fondo Social Europeo, es gestionada por el Forcem. Tanto el Tribunal de Cuentas en España como la Comisión Europea han detectado irregularidades en dicha gestión.

La falta de eficacia de este modelo y una sentencia del Tribunal Constitucional de abril del año pasado que reconoce que la gestión de estos fondos es competencia de las comunidades autónomas motivan la reforma. En Cataluña, que promovió el recurso ante el Constitucional, ésta ha levantado ampollas. El Gobierno catalán, los sindicatos CC OO y UGT y las patronales Fomento del Trabajo y Pimec-Sefes han hecho un frente común para reclamar el traspaso inmediato de estos fondos después de que siete meses de negociaciones entre Zaplana y el consejero de Trabajo catalán, Antoni Fernández Teixidó, quedaran en saco roto.

Incluso todos los grupos parlamentarios catalanes -el PP con matices- han rubricado una declaración conjunta que apoya esta demanda y que, además, emplaza al Ejecutivo catalán a usar "todos los medios políticos y jurídicos a su alcance para hacer cumplir la sentencia" si no se traspasan en 2003.

Apoyado por los agentes sociales, el consejero Teixidó ya ha anunciado que impugnará la convocatoria de formación continua de este año, que debe hacerse pública en breve, si la transferencia no se ha hecho efectiva. Es más, esta misma semana se constituirá un consorcio tripartito autonómico que pretende gestionar, en el caso de que se traspasen, los 120 millones de euros con los que anualmente se ofrece formación continua a unos 300.000 empleados en Cataluña. Este consorcio tendría un margen de maniobra muy limitado e incluso nulo si triunfa la reforma.

El Gobierno y los agentes sociales catalanes defienden que esta vía debe limitarse a las compañías de más de 150 trabajadores, y, en cambio, mantener el modelo actual, pero de ámbito autonómico, para el resto que, por su reducido tamaño, no están capacitadas para hacer frente a esta formación. Hasta ahora, Zaplana había fijado ese tope en las empresas de menos de cinco trabajadores. Sin embargo, las líneas maestras que maneja el ministerio y que ha dado a conocer a los agentes sociales eliminan ese límite y establecen que cualquier empresa, independientemente de su tamaño, podrá gestionar directamente la formación de sus trabajadores. Con ello, se aniquila la participación en la gestión de estos fondos por parte de las comunidades autónomas, aunque, sin embargo, sí podrán participar en la Forcem, que asumirá las "actividades de control", según estas líneas maestras.

España es uno de los países de la Unión Europea que menos invierte en formación continua, sólo superada por Portugal y Austria. Según la última Encuesta de Formación Continua del Ministerio de Trabajo, con datos de 1999, sólo el 27,5% de las empresas y el 58,9% de los empleados tienen este tipo de formación.