Las empresas enseñan a 'crédito'
El nuevo sistema de formación continúa sustituye las subvenciones por bonificaciones a la seguridad social
La formación que las empresas españolas dan a sus empleados dio un vuelco el 1 de marzo. Si antes de esa fecha las compañías debían solicitar una subvención para financiar cualquier curso con ayuda pública, a partir de ahora se lo descontarán de las cuotas de la Seguridad Social. La concesión de las ayudas será automática y su límite máximo dependerá del tamaño de la empresa y de las cuotas que ésta haya ingresado para formación profesional.
El Gobierno calcula que las bonificaciones ascenderán a 701 millones de euros y permitirán formar a dos millones de trabajadores
El sistema de subvenciones para formar trabajadores ha muerto. A partir de ahora, las empresas que quieran acceder a las ayudas previstas con este fin, en lugar de verse obligadas a presentar una solicitud, adjuntar un plan de formación, acogerse a una convocatoria y esperar varios meses para saber si se les concede, podrán recuperar parte de su inversión de forma automática a través de bonificaciones en las cuotas que pagan a la Seguridad Social.
El nuevo sistema se basa en lo que el Gobierno ha llamado crédito para la formación continua y que en realidad es la cantidad de dinero público de la que dispone cada empresa para financiar sus acciones de formación. Ésta se calcula en en función de las cuotas de formación profesional que la compañía ingresó el año anterior en nombre de sus trabajadores y del tamaño de la compañía.
Las bonificaciones son mayores para las firmas más pequeñas: las que tienen entre 6 y 9 trabajadores podrán recuperar hasta el 90%, mientras que las empresas con más de 250 trabajadores tienen como límite el 42,5%. Para las más diminutas, con menos de cinco personas en plantilla se establece una cuantía fija de 350 euros por empresa.
Esos porcentajes se revisarán cada año en función del uso que hagan las compañías de los fondos disponibles, explica José María Díaz Zabala, subdirector de Formación Continua del Inem y director gerente de la Fundación Tripartita, que gestiona las ayudas. El Gobierno calcula que el importe de las bonificaciones rondará los 701 millones de euros, que permitirán formar a dos millones de trabajadores.
El nuevo modelo, que se aprobó el verano pasado, acaba de empezar a rodar, después de que el Gobierno desarrollara sus detalles en una orden publicada el pasado 1 de marzo. Desde ese día, alrededor de 200 empresas han comunicado a la Fundación Tripartita, el comienzo de 462 cursos para sus empleados, asegura Manual Sanjuan, representante de la patronal CEOE en este organismo.
Para beneficiarse de las ayudas previstas para estas acciones, lo primero que tienen que hacer esas empresas, y las que vengan después, es calcular el importe de su crédito para formación. Para facilitar las cosas en los primeros momentos, la fundación ha puesto a su diposición en su página web (www.fundaciontripartita.org) un simulador. Con ese crédito en mente, los departamentos de formación ya pueden planificar los cursos que quieren dar a sus trabajadores, que deben comunicarse con 15 días de antelación al organismo supervisor.
Descuentos al final
Sólo al finalizar el curso, las empresas podrán descontarse su coste mediante bonificaciones en las siguientes cuotas de la Seguridad Social. Ese descuento tiene un límite máximo que varía entre los 8 y 12 euros por participante y hora de formación para los cursos presenciales; 5 euros para los cursos a distancia y 6,75 euros en el caso de la formación online.
El sistema elimina burocracia y pretende extender la formación a un mayor número de empresas, sobre todo a las más pequeñas. El Ministerio de Trabajo calcula que sólo alrededor del 10% de las compañías españolas se beneficiaban de las antiguas ayudas, según refleja la orden que regula el nuevo sistema. Las estadísticas del Forcem correspondientes al año 1999 corroboran que las más grandes tenían más éxito: las ayudas alcanzaron ese año casi al 77% de las compañías de más de 4.999 empleados, pero no llegaban al 5% entre las de 1 a 5 trabajadores. "El objetivo es llegar al 100% de las empresas que tengan más de seis trabajadores", asegura Díaz Zabala.
Tanto empresas como proveedores de formación alaban la flexibilidad del sistema. El anterior data de 1993 y era gestionado por la Fundación para la Formación Continua (Forcem), hoy en vías de disolución en favor de la tripartita, en la que además de patronal y sindicatos se sienta la administración. También esperan mayor transparencia para un sistema que se ha visto envuelto en varios escándalos en el pasado. Los proveedores creen además que el modelo haga aumentar la inversión en formación de las empresas.
No todo son parabienes. Para Antonio Peñalver, responsable de Formación del Santander Central Hispano, "es un sistema complejo de gestionar para las entidades grandes porque los plazos de comunicación son demasiado restrictivos y nunca puedes saber con tanta antelación cuántos empleados realizan efectivamente un curso. Siempre falla alguien". La entidad forma a unos 600 trabajadores cada semana y en 2003 recibió unos 2,6 millones de euros del Forcem, lo que supone alrededor del 20% de la inversión total.
Las grandes empresas han visto reducida su financiación, asegura Peñalver, que calcula que en el caso del Santander esa pérdida será "un mínimo del 2,5% y si logramos justificar todo".
Aún es pronto para ver si el nuevo modelo consigue extender las ayudas para la formación continua. Para Díaz Zabala, habrá que esperar tres años para que el sistema alcance "velocidad de crucero".
Algunos flecos pendientes
La nueva fórmula de financiación de la formación que hacen las empresas ha empezado a rodar. Pero quedan flecos pendientes. El primero de ellos tiene carácter competencial. Varias comunidades autónomas se han opuesto de forma reiterada al modelo porque consideran que les niega la posibilidad de participar en la gestión directa de los fondos destinados a este tipo de formación. Entre ellas están Andalucía, Aragón, Galicia y Cataluña que han recurrido el decreto que está en el origen del sistema, en todo o en parte, según fuentes sindicales.
Esta guerra viene de lejos, pues ya en el año 2002 el alto tribunal dio la razón a Cataluña en este asunto y al año siguiente otra sentencia incidió en los mismos términos. La publicación de la orden del Ministerio de Trabajo ha añadido más leña a este fuego. La Generalitat ha advertido que tomará otras medidas para paralizar la actuación del Gobierno central.
La segunda "incertidumbre" que afecta al nuevo sistema de formación de los trabajadores, según Manuel Sanjuan, de CEOE, tiene que ver con los contratos-programa, aquéllos que gestionan patronales, sindicatos y otras entidades, y tienen como objetivo financiar la realización de cursos para trabajadores de distintas empresas.
El representante de la patronal asegura que estos programas "están paralizados sine die", ya que la orden que debía detallar cómo se iban a gestionar no fue aprobada antes de las elecciones del pasado 14 de marzo.
Ahora deberá ser el nuevo Gobierno socialista quien acabe el trabajo. La mayoría de las fuentes consultadas creen que el nuevo Ejecutivo aprovechará para introducir alguna modificación.
Adiós al papel
El nuevo sistema de financiación de la formación continua no sólo rompe totalmente con el modelo anterior, basado en subvenciones, sino que ha hecho desaparecer el papel. Todas las comunicaciones que las empresas tienen que hacer a la Fundación Tripartita, que es la encargada de gestionar y supervisar las ayudas, se harán a partir de ahora sólo por Internet.
Para ello, las empresas deben contar antes con una firma electrónica, un certificado que da validez a las transacciones que se hacen en la red. Éste se puede obtener a través de la Agencia Tributaria, el Ministerio de Economía y otros organismos oficiales.
Sólo una vez obtenida esa acreditación, los usuarios del sistema pueden registrarse en la página de la fundación (www.fundaciontripartita.org) y empezar a comunicar los cursos que dan a sus empleados. La seguridad de los datos está garantizada.
Para Manuel Sanjuan, responsable de formación continua de la patronal CEOE y representante de ésta en la Fundación Tripartita, el hecho de que Internet sea el único canal abierto entre empresas y supervisores supone "una dificultad de arranque", sobre todo para las compañías más pequeñas. En su opinión, el Gobierno debería haber establecido un periodo transitorio para ensayar la vía telemática.
Lo que sí ha hecho la fundación para paliar las dificultades de aterrizaje, es un esfuerzo de comunicación. Por dos vías. La primera es la celebración de jornadas especializadas. La segunda está en la web del organismo e incorpora simuladores para que la empresa pueda calcular su crédito para formación y ensayar los nuevos procedimientos.
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