París niega que haya pactos ante el referéndum de hoy en Córcega
La detención del presunto terrorista Yvan Colonna, el corso más buscado de Francia, puede ser la última carta del Gobierno de París para ganar el referéndum de hoy en Córcega. No obstante, el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, desmintió ayer que Colonna se haya rendido, negó "toda negociación" con él y aseguró que el arresto practicado el viernes no tiene nada que ver con el referéndum.
Colonna es el principal sospechoso del asesinato de Claude Erignac, prefecto (delegado del Gobierno) en Córcega, el 6 de febrero de 1998. Un año más tarde fueron detenidos varios miembros del comando y Colonna desapareció. Durante cuatro años se le buscó desde Venezuela a Madagascar, aunque el ministro del Interior sospecha que sólo se movió de Córcega para cortas estancias en la región parisiense.
Aunque desconcertados por el arresto de Colonna, a los nacionalistas corsos les sigue interesando que prospere la reforma institucional sometida a referéndum, que implica suprimir los dos departamentos actuales (Alta Córcega y Córcega del Sur) y constituir una sola entidad política corsa. Una vez aprobada la consulta, el Parlamento francés discutirá los detalles de un nuevo estatuto y el año que viene se celebrarán elecciones en la isla, esta vez por sistema proporcional, con el que los nacionalistas confían mejorar su representación.
Si las circunstancias de la fuga de Colonna fueron oscuras, las del arresto tampoco están claras, pero pueden contribuir a mover unas intenciones de voto bastante divididas. El Gobierno, los socialistas y los nacionalistas piden el sí, frente al no propugnado por radicales de izquierda, comunistas y otras opciones locales. La detención de Colonna contribuye a deshacer la imagen de una alianza entre el Gobierno y los separatistas, que hacía peligrar el apoyo de la derecha.
La idea de que un Gobierno de derechas le hacía un favor al nacionalismo se unía al malestar por las reformas sociales del Ejecutivo. Los 28.000 funcionarios de la isla sufren el alargamiento de la edad de jubilación o la descentralización de la enseñanza, igual que sus colegas de la Francia continental, pero estas reformas pesan más en un electorado de 191.000 personas.
