Medio Ambiente lleva a la fiscalía a 4 azulejeras por presunto delito ecológico

El departamento de Medio Ambiente, incluido en la Consejería de Territorio y Vivienda, inició, durante el pasado año, un total de 38 expedientes sancionadores a empresas del sector cerámico que conllevan una propuesta de multas que asciende a 838.540 euros y a la obligación de reparar el daño medioambiental causado. Asimismo, realizó otras 23 por acciones contrarias a la ley de protección atmosférica y 2 por acciones contrarias a la ley de residuos.

Las inspecciones realizadas durante 2002 a las azulejeras y a las empresas de fritas supusieron además el inicio de otros expedientes sancionadores, por acciones contrarias a la ley de protección contra la contaminación atmosférica, que incumplía un total de 23 empresas. Las actuaciones contrarias a la Ley de Residuos de la Comunidad Valenciana provocaron la apertura de otros dos expedientes, mientras que, como resultado del Plan de Inspección en el sector, la consejería propuso 20 procedimientos de cierre. Este mismo examen, al que han sido sometidas las azulejeras, obligaron a Medio Ambiente a remitir a la fiscalía cuatro denuncias al considerar que, en otras tantas empresas, podía haber claros indicios de haber incurrido en un presunto delito ecológico.

La Consejería de Territorio y Vivienda hizo públicos ayer estos datos, pese a que tanto la inspección como los resultados obtenidos corresponden a la anterior Consejería de Medio Ambiente, cuyo responsable era Fernando Modrego. El Consejero de Territorio, Rafael Blasco, mantuvo que las actuaciones llevadas a cabo durante 2002, tenían como objetivo el controlar las emisiones potencialmente contaminadoras a la atmósfera, de manera que todas las empresas del sector cerámico y las del sector de fabricación de fritas garanticen, el cumplimiento de la normativa en vigor.

Las inspecciones en las empresas del sector azulejero, principalmente ubicadas en la provincia de Castellón, comenzaron a incrementarse conforme aumentaban las críticas de distintos colectivos acerca de la contaminación existente, sobre todo, en el llamado triángulo del azulejo, que comprende el área de los municipios de Onda, Vila-real y L'Alcora y, en especial, las realizadas por la Plataforma No a la Contaminación. Así, el programa de inspección, con el que se cumplimentaba la declaración de emisiones que realizan las empresas, pasó a abarcar de los 176 focos de emisión declarados en 1999 a los 2.148 focos declarados durante el año 2002, lo que supone un aumento de más del 1.120%. Además, el desarrollo del plan ha tenido como resultado la realización de un total de 372 inspecciones a otras tantas empresas que, según Blasco, "por sus potenciales características pudieran suponer un riesgo negativo sobre su entorno". Estas industrias son aquellas cuyo proceso productivo está destinado a la fabricación de azulejos, pavimentos, revestimientos y gres porcelánico, fabricación de ladrillos y soportes y fabricación de arcilla atomizada, así como fabricación de fritas esmaltes y colores.

Como resultado de las inspecciones se incoaron 38 expedientes sancionadores, de los que 19 corresponden a azulejeras y otros 19 a empresas de fritas cerámicas. De estos 38 expedientes, 12 (3 en azulejeras y 9 en empresas de fritas) se han abierto por no aportar la documentación requerida y uno más, a una industria azulejera, por carecer de licencia municipal de apertura. Además, dentro de los expedientes abiertos a empresas de este sector, el departamento de Medio Ambiente inició expedientes sancionadores por acciones contrarias a la ley de protección contra la contaminación atmosférica a 23 empresas, en tres casos por carecer de plataforma y accesos para toma de muestras con lo que se obstruía la labor inspectora y, en los otros veinte, por carecer del libro de registro y analíticas.