Atutxa se hará defender por los abogados de la Cámara vasca

Los servicios jurídicos del Parlamento vasco están desde ayer de lleno en la batalla entre la mayoría de su Mesa y el Tribunal Supremo, una vez que el órgano de gobierno de la Cámara decidió, por tres votos contra dos, utilizar sus servicios para defender a los tres miembros acusados de desobediencia por la Fiscalía General del Estado. El PSE retiró su confianza a los letrados y el PP cuestionó su profesionalidad.

La Mesa del Parlamento vasco decidió ayer que sean los servicios jurídicos de la Cámara los que se hagan cargo de la defensa de su presidente, vicepresidente primero y secretaria segunda, Juan María Atutxa (PNV), Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (IU), respectivamente. Esta última tiene decidido recurrir también a un penalista, al margen de que lo hagan o no sus compañeros. Bilbao dijo que la postura de IU tuvo "matices" y que éstos tendrán reflejo en el proceso.

La decisión de ayer pone en el centro de una batalla netamente política a un servicio del Parlamento integrado por funcionarios, como son los letrados de la Cámara, a quienes socialistas y populares acusaron de convertirse en satélites e instrumentos del PNV, Atutxa, y el Gobierno de Ibarretxe.

Atutxa defendió la decisión afirmando que se trata de "una cuestión institucional" porque la querella está originada "por una decisión colegiada de la Mesa, que afecta a tres de sus miembros por decisiones adoptadas en el ejercicio de sus funciones". Los servicios jurídicos de la Cámara entendieron también así la cuestión al comunicar el miércoles al presidente Atutxa que no existe impedimento para asumir la defensa.

"Nombres y apellidos"

Socialistas y populares, por el contrario, niegan esa interpretación y consideran que no es la Mesa como órgano de gobierno la querellada, sino "tres personas con nombres y apellidos, que se niegan a cumplir el artículo 118 de la Constitución", el que obliga a obedecer las sentencias judiciales.

La votación arrojó el resultado de tres votos, los de los tres afectados, contra dos, los de socialistas y populares, que sostienen que la utilización de los servicios de la Cámara coloca a éstos al servicio de sólo una parte del Parlamento y deja en la indefensión precisamente a quienes sostienen la legalidad y quieren que las sentencias se cumplan. El secretario primero de la Mesa, el socialista Manuel Huertas, llegó a amenazar con abandonar en adelante el órgano de gobierno de la Cámara cuando se discuta sobre el conflicto con el Supremo y la querella, para "no continuar en este viaje hacia el absurdo".

Ambos tuvieron palabras muy duras para los servicios jurídicos de la Cámara. "Hoy hemos asistido al nacimiento de un nuevo satélite del PNV, el bufete de abogados Parlamento vasco", dijo Barrio, para quien la disposición de los letrados a ejercer la defensa les hace "perder toda credibilidad, objetividad, neutralidad, profesionalidad e imparcialidad".

El socialista Huertas señaló que los servicios jurídicos del Parlamento han caído en "el descrédito total" y se han convertido en "un instrumento servil del señor Atutxa, del tripartito y de los intereses del Gobierno de Ibarretxe", por lo que les retiró su confianza.