El juez cita a los ocupantes de los cuarteles de Sant Andreu a comparecer en una vista oral el día 21

Es el principio del fin. El titular del Juzgado de Primera Instancia número 37 de Barcelona comunicó ayer a los ocupantes de los cuarteles de Sant Andreu que deben comparecer el próximo día 21 en una vista oral. Comenzará, pues, el juicio con el que el Ministerio de Defensa, propietario del recinto, pretende obtener una orden para desalojar a sus habitantes, unas 600 personas en su mayoría inmigrantes.

La citación judicial no pilló por sorpresa a los ocupantes que malviven en el antiguo complejo militar. Saben que su estancia en los cuarteles está a punto de tocar fin. Lo primero que harán, según explicó su portavoz, Yerko Toro, es reunirse y decidir quiénes actuarán como representantes del colectivo en el juicio. Antes de tres días deben comunicar al juez los integrantes de la comisión que comparecerá.

Mientras, también ayer, técnicos del Ayuntamiento comenzaron las tareas de desratización de los cuarteles, un paso necesario antes de entrar a limpiar el recinto, donde se acumulan toneladas de basura. En los últimos días se había actuado en el subsuelo y en el perímetro de los cuarteles. Las brigadas entraron ayer en el interior -acompañadas de agentes antidisturbios de la Guardia Urbana- para colocar veneno en los nidos de las ratas y señalizaron y acordonaron los rincones en los que ubicaron las trampas. El gerente de la Agencia de Salud Pública, Joan Guix, explicó que el producto que se utiliza para acabar con los roedores es un anticoagulante que acabará con ellos en un plazo máximo de una semana. A partir de ahí, volverán a entrar para desinsectar, y después de 24 horas ya se podrá retirar la basura.

En paralelo a los procesos judicial y de limpieza, Cruz Roja ha comenzado también el realojamiento en pensiones de algunos de los ocupantes de los cuarteles. Es una tarea que requiere estudios caso por caso, por lo que se está haciendo con cuentagotas. Hasta ayer, Cruz Roja había realojado a 16 personas. Por su parte, el Ayuntamiento realojará de forma inminente a otras 34 personas que pertenecen a 5 familias de gitanos procedentes de Bulgaria. En este caso, se trata de una actuación de urgencia para evitar que los menores del grupo entren en contacto con los productos raticidas.

Tras el encuentro del pasado miércoles entre las administraciones y los vecinos, se reunió ayer la comisión de inmigración del Ayuntamiento, en la que todos los grupos municipales mostraron su acuerdo con las actuaciones que se están llevando a cabo. Hoy, el Ayuntamiento se volverá a reunir, esta vez con los sindicatos y varias ONG.