Frente común de las administraciones para desocupar los cuarteles de Sant Andreu

Reuniones a dos bandas, a tres y con todos los sectores implicados. En las últimas semanas, se han intensificado los encuentros entre técnicos del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y la Delegación del Gobierno para afrontar la crisis abierta por la ocupación de los dos cuarteles del Ministerio de Defensa en Sant Andreu. A la espera de que un juez ordene el desalojo -lo que previsiblemente no ocurrirá antes de final de este mes-, las administraciones quieren llegar a una solución consensuada para organizar el desalojo de los 600 ocupantes.

Todo parece indicar que en esta ocasión las administraciones quieren evitar el episodio del verano de 2001, cuando un centenar de inmigrantes fueron expulsados de varias plazas de Barcelona. Ahora no son 100, sino 600 personas agrupadas en colectivos muy diferentes las que viven en las edificaciones de los dos antiguos cuarteles del paseo de Torres i Bages. Ante la proporción del problema -y una vez pasada la contienda electoral-, las tres administraciones se han puesto a trabajar conjuntamente, aunque con ciertas reticencias.

Existe el convencimiento de que buena parte de las personas que malviven en los cuarteles se irán cuando el desalojo sea inminente. De los 600 ocupantes, el colectivo más numeroso es el de subsaharianos y magrebíes, que se sitúan entre 200 y los 250, según se desprende del censo que ha realizado la Cruz Roja. Un centenar más son familias enteras de gitanos, muchos procedentes de Rumania, que se desplazan de un lugar a otro de la ciudad a medida que son desalojados de los espacios en los que se agrupan, como ya ha ocurrido en el Poblenou.

Unos 100 son jóvenes antisistema y okupas. Muchos de ellos proceden de distintos países del oeste de Europa, en especial de Italia. Por último se cree que otro colectivo, que también ronda el centenar, lo forman ciudadanos procedentes de países del este de Europa.

Las administraciones consideran que más de la mitad de los 600 se irán cuando se tenga constancia de la orden judicial de desalojo. Por ejemplo, se da por segura la salida de los jóvenes okupas, de las familias de gitanos y del colectivo de ciudadanos de Europa del este.

El problema se centrará en los 200 o 250 inmigrantes sin papeles, de los que unos 60 tienen orden de expulsión y a 40 se les está tramitando el expediente. La Cruz Roja ha realizado algo parecido a un censo entre los sin papeles y se está organizando para ofrecerles alojamiento, siempre con carácter temporal. De hecho, ya han facilitado esa posibilidad a quien quiera acogerse a ella. De momento, son pocos los inmigrantes que se deciden a dejar Sant Andreu. Fue la Generalitat la que encargó a la Cruz Roja la organización de la operación, tras la firma de un convenio en por el que la financia.

Ayer los vecinos se reunieron con las tres administraciones en un encuentro al que también pidieron sumarse los ocupantes de los cuarteles. Para mañana está prevista otra reunión de técnicos del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat con representantes de SOS Racismo y sindicatos en la que se intentará llegar a una solución con el máximo acuerdo posible. Es, de hecho, el procedimiento que estableció el Pacto por la Inmigración, suscrito por todos los partidos políticos del consistorio en el pasado mandato.

Sin embargo, nadie habla de desalojo. Esta operación está pendiente de la vista oral que se desarrollará en un juzgado de Madrid el próximo 21 de julio; en ella se concluirá si se puede expulsar a los ocupantes de los cuarteles.