El Defensor del Pueblo destapa irregularidades judiciales en un crimen de violencia doméstica

El defensor del pueblo, Enrique Múgica, ha destapado numerosas "irregularidades" en la tramitación judicial de las denuncias que antecedieron a la muerte a manos de su marido de Alicia Arístregui Beraza, asesinada a navajazos el 8 de abril de 2002 en plena calle de Villava. Entre las irregularidades figura que el juez no informó de la orden de alejamiento que pesaba sobre el marido a la Policía Local de Villava o que no respondió a ciertas diligencias solicitadas por el fiscal. Las conclusiones del Defensor contradicen el resultado de la investigación llevada a cabo por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), que no apreció "ninguna incorrección" en la actuación de los juzgados.

Consciente de la relevancia pública que tuvo el crimen, el Defensor del Pueblo inició una investigación cuyos resultados han sido ahora puestos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado y del Consejo General del Poder Judicial.

La oficina de Enrique Múgica ha constatado que desde el 12 de enero hasta el 8 de abril de 2002, la víspera de su muerte, Alicia Arístregui, de 37 años, madre de dos hijos menores de edad, compareció en nueve ocasiones ante las dependencias policiales para denunciar a su marido (Jesús Gil Peláez, de 40 años),

unas veces por amenazas y malos tratos y otras por incumplimiento de la medida cautelar de prohibición de acercamiento que pesaba sobre él, así como por no respetar las decisiones judiciales dictadas en el procedimiento de separación de la pareja, casada desde 1987.

Un auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, dictado el 14 de enero de 2002, prohibió al agresor acercarse a menos de 500 metros de su esposa. La resolución fue consecuencia de la denuncia de Alicia contra su marido tras recibir amenazas de muerte. Sólo la Policía Nacional fue informada oficialmente de la orden de alejamiento. Pero no, como destaca el Defensor, la Policía Local de Villava, donde finalmente se registró el asesinato.

Las irregularidades detectadas por el Defensor atañen al hecho de que los tres procedimientos iniciados contra Jesús Gil por sus reiterados incumplimientos de la medida cautelar de prohibición de acercamiento fueron sobreseídos o archivados "unas veces", indica el informe del Defensor del Pueblo, "por no resultar debidamente justificada la perpetración del delito y otras por estimar que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito".

Múgica ha constatado que la orden de prohibición de acercamiento "no fue comunicada a la Policía Municipal de Villava", a pesar de que Alicia residía en este municipio vecino a Pamplona. "Tuvo que ser la propia interesada la que dos meses después de dictarse la orden la pusiera en conocimiento de la mencionada Policía Municipal", señala la investigación.

Diligencias fiscales

Asimismo, en el procedimiento por malos tratos y amenazas que se instruía en el Juzgado de lo Penal número 1 de Pamplona contra Jesús Gil, el ministerio fiscal había solicitado una serie de diligencias con fecha 4 de marzo de 2002. El Defensor denuncia que sobre dichas diligencias "no hubo un pronunciamiento judicial hasta el 19 de abril de 2002". Demasiado tarde. El día 8 de ese mes Alicia Arístregui había fallecido como consecuencia de las ocho puñaladas asestadas por su marido, instantes después de que la víctima dejara a sus hijos en el autobús que les llevaba al colegio.

Desde que se inició el procedimiento penal, a comienzos de 2002, hasta su fallecimiento, en abril, Alicia había comparecido ocho veces en las dependencias policiales para denunciar a su agresor, indica el Defensor del Pueblo, "por hechos que tenían directa relación con su crisis de convivencia".

Eugenio, uno de los hermanos de la víctima, denunció en su día la "pasividad" de los jueces ante las abundantes denuncias de la víctima que, según manifestó, "dormían" en los cajones de más de un juzgado. Los familiares desmintieron que los jueces no tuvieran conocimiento de la peligrosidad de Jesús Gil. "Se lo dijimos más de una vez, pero parecíamos ser los únicos que nos lo creíamos", manifestó Eugenio Arístregui.

Tras el crimen y como consecuencia de las críticas, el presidente del TSJN, Rafael Ruiz de la Cuesta, abrió una investigación y el 23 de abril de 2002 dio a conocer el resultado. Estudiadas las cinco denuncias previas al asesinato, motivadas todas ellas por el quebrantamiento de la medida de alejamiento, el órgano de gobierno de los jueces navarros señaló que en ninguna se daba cuenta de nuevas amenazas o se denunciaba la exhibición de armas, por lo que "no era fácil", matizó el tribunal, "deducir una ulterior acción violenta como la que desgraciadamente tuvo lugar".