El poder judicial de Brasil se resiste a las reformas de Lula

Al presidente Luiz Inácio Lula da Silva le ha salido una espina en su voluntad de llevar a cabo reformas constitucionales consideradas indispensables para el nuevo curso político, entre ellas la reforma de la Seguridad Social, paradigma del injusto sistema de distribución de renta de Brasil. La espina se la está hundiendo en su carne el poder judicial, que se ha cerrado en una defensa a ultranza de los derechos de una de las instituciones más privilegiadas del país.

Todo ello comenzando por el presidente del Tribunal Supremo Federal de Justicia, Mauricio Corrêa, que acaba de tomar posesión del cargo afirmando: "La magistratura puede estar tranquila porque ella no está sola ni desamparada". Le hizo eco su antecesor en el cargo, Marco Aurelio, quien llegó a afirmar que la Seguridad Social sólo podría cambiarse "con una revolución". Y si era poco, el presidente del Tribunal Superior del Trabajo, Francisco Fausto, acaba de afirmar textualmente: "Siento no poder pintarme la cara y salir a la calle pidiendo que caiga el Gobierno".

Por todo ello, la columnista económica del diario O Globo, Mirian Leitão, escribió ayer que "nunca se había visto a tantos líderes de un poder usando tan mal el poder que les había entregado la sociedad". Y añade que los jueces y magistrados "no fueron escogidos para presidir una especie de sindicato supremo del poder judicial".

La oposición que el poder judicial está haciendo a la reforma de la Seguridad Social se debe a que es una de las categorías que va a perder mayor número de privilegios acumulados a lo largo de los años. Basten algunos números: los jueces tienen 60 días de vacaciones, un sueldo muy por encima de la media de los otros funcionarios públicos, son inamovibles, vitalicios y estables. La estructura salarial del poder judicial acumula una serie de privilegios que fueron creados a través de sentencias del mismo. Así se llega al caso de que un juez de segunda instancia pueda ganar más que el presidente de la Corte Suprema. Los hombres pueden jubilarse, con el sueldo íntegro, a los 53 años y las mujeres a los 45.

La reforma constitucional de la Seguridad Social que Lula ha presentado a la aprobación del Parlamento acaba con éstos y con muchos otros privilegios del pasado. Y ello crea fuertes resistencias, incluso dentro de su formación, el Partido de los Trabajadores (PT).

El presidente Lula sabe todo esto. Sabe que se juega todo su prestigio en la aprobación de una reforma sin la cual Brasil seguiría arrastrando el triste récord de ser un país rico con el mayor índice de injusticias de América Latina. Ya su antecesor, Fernando Henrique Cardoso, había afirmado a que Brasil "es un país rico, pero injusto".