Gutiérrez denuncia la "fiebre" de compra de suelos para especular

La consejera de Obras Públicas y Transportes, Concepción Gutiérrez, denunció ayer la "fiebre" de la compra de suelos no urbanizables o de especial protección "sobre los que se ejercen una tensión urbanística muy potente que no responde a otros criterios diferentes a los de la propia especulación". Gutiérrez defendió, además, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía para incentivar la salida de los suelos urbanizables "retenidos de forma especulativa".

Durante unas jornadas sobre la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que entró en vigor en enero pasado, la consejera defendió el papel de de esta norma para atajar ambas modalidades de especulación. Ante un auditorio integrado en buena medida por juristas y técnicos, Gutiérrez reconoció que la aplicación de la Ley, a la vista de la magnitud de los intereses económicos, "rebasará continuamente el ámbito administrativo para terminar ante los tribunales".

La consejera distinguió entre el respeto a las normas urbanísticas de la mayoría de los ciudadanos frente "a una tensión especial en relación con los suelos no urbanizables". Gutiérrez señaló que esto reviste "la mayor gravedad" al tratarse de los ámbitos donde se produce la especulación y aseguró que la ley trata de atajar "estas dos modalidades de actividades especulativas", en alusión a la retención de suelos urbanizables y a la compra de otros no urbanizables o de especial protección sobre los que "se ejercen una tensión urbanística muy potente que no responde a otros criterios diferentes a los de la propia especulación".

Aunque la titular de Obras Públicas no citó casos concretos, lo ocurrido con la dehesa de Tablada, en Sevilla, adquirida con las miras puestas en su futura recalificación a pesar de tratarse de terrenos rústicos e inundables se ajusta a la denuncia formulada por la consejera de forma genérica. Para combatir la retención de suelos urbanizables la legislación crea la figura del agente urbanizador mientras que frente a la construcción ilegal en suelo no urbanizable se opta por la vía sancionadora. Éste es, según la consejera, el ámbito donde se ejerce la mayor presión sobre los ayuntamientos al ser los suelos donde "se da la mayor posibilidad de enriquecimiento ilícito, con todo lo que eso lleva consigo y que hoy tiene, por desgracia, tanta actualidad".

Gutiérrez hizo hincapié en la importancia de que los tribunales confirmen las suspensiones cautelares de actividades ilegales urbanísticas para impedir la construcción ilícita y, en último caso, la demolición de lo construido para restituir lo alterado a su estado original, si bien "llegar a este extremo significa de alguna forma el fracaso del urbanismo".

La ley obliga a reservar el 30% del suelo residencial para vivienda protegida, refuerza la protección del litoral y prohíbe la construcción de vivienda aislada en suelo no urbanizable, entre otros aspectos. Concepción Gutiérrez destacó el respeto de la nueva norma con el planeamiento vigente en los ayuntamientos al conceder cuatro años para que se adapten a ella, que vencen en enero de 2007. "Supone una oportunidad de oro para prever las necesidades de crecimiento económico y de población de forma ordenada", indicó. La norma refuerza la transparencia de los procedimientos urbanísticos, incluidos los convenios "hasta ahora elementos alegales y opacos", según Gutiérrez.