El PSOE y el PP se acusan mutuamente de tener vínculos con el sector inmobiliario

El PSOE y el PP se han enzarzado en una escalada de acusaciones mutuas a partir de la crisis de la Comunidad de Madrid. Los populares arremetieron contra el candidato socialista a presidente regional, Rafael Simancas, por comprar su casa del municipio madrileño de Arroyomolinos (Madrid) en una zona urbanizada por la empresa de Francisco Bravo, el constructor que ayudó al diputado tránsfuga Eduardo Tamayo. Los socialistas contraatacaron denunciando los intereses inmobiliarios que, según ellos, personalmente o a través de sus familias, tienen muchos dirigentes del PP madrileño. Entre otros, Ricardo Romero de Tejada, secretario general del PP-Madrid, y Esperanza Aguirre, candidata a presidenta.

Romero de Tejada es titular de una firma con intereses urbanísticos, según los socialistas

Los populares acusan a Simancas de comprar su casa en una zona urbanizada por Bravo

Antonio Romero, secretario de Organización de la Federación Socialista Madrileña, salió ayer al paso de todas las acusaciones del PP y resaltó que donde existen intereses inmobiliarios fuertes es en el seno de los populares.

"Se han hecho eco de las insidias contra Rafael Simancas, pero no dicen nada de cuestiones relevantes dentro de su propio partido. Hay numerosos diputados actuales del PP en la Asamblea de Madrid que tienen empresas, y muchas de ellas en el ámbito urbanístico-inmobiliario", declaró.

El PSOE destaca los intereses inmobiliarios que existen detrás de algunos de los principales dirigentes populares. Ricardo Romero de Tejada, alcalde de Majadahonda desde 1989 hasta 2001 y secretario general del PP-Madrid desde 1996, es titular "de una empresa con intereses inmobiliarios relevantes Arquimoby 98 SL", recuerdan los socialistas.

Según su información, Romero de Tejada fue administrador único hasta 1999 de esta sociedad, que "actualmente gestiona su colaborador Juan Osorio Cumplido, vicepresidente de la empresa mixta de Tráfico y Aparcamiento de Majadahonda".

A su vez, este funcionario de confianza de Romero de Tejada actúa, según el PSOE, como apoderado en otra empresa, Cortsola, dedicada a explotar inmuebles y fincas rústicas y urbanas.

"Pero es que además", remachan, "Romero de Tejada tiene algunos familiares directos con importantes empresas inmobiliarias que operan en la Comunidad de Madrid".

El PSOE ha presentado una querella por supuesto cohecho contra Romero de Tejada, al que incluyen en la trama político-inmobiliaria que alentó la fuga de los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez en el pleno de constitución de la Asamblea de Madrid del pasado 10 de junio.

Romero de Tejada recibió en su despacho de la sede central del PP en la madrileña calle de Génova al constructor Francisco Bravo, afiliado al PP por Villaviciosa de Odón, donde tiene numerosos intereses inmobiliarios, para negociar un pacto político en Sevilla La Nueva.

Dicho pacto consistía en evitar el gobierno del PSOE mediante un acuerdo con concejales independientes a los que el PP había expulsado del partido. El pacto no fue posible por la negativa de los concejales populares de Sevilla La Nueva.

Los socialistas también apuntan a los intereses inmobiliarios de Esperanza Aguirre, candidata a presidir la Comunidad. "Toda su familia está relacionada con el sector inmobiliario, empezando por su marido, que es administrador único de la empresa Savial, que se dedica a adquisición, enajenación y explotación de inmuebles. Su hermano, Santiago Aguirre, es el administrador solidario de Aguirre Newman, que se dedica fundamentalmente a inversiones inmobiliarias. Y, curiosamente, Aguirre Newman es la empresa que ha hecho el dictamen para la adjudicación de las parcelas de Arroyomolinos", agregan.

Entre los miembros del PP que consiguieron acta de diputado en la lista a la Asamblea de Madrid encabezada por Esperanza Aguirre "hay numerosas personas con empresas inmobiliarias. Es difícil encontrar uno que no tenga empresas", ironizan los socialistas.

El PSOE también reaccionó de las informaciones sobre las empresas de construcción de tres diputados regionales que acompañaron a Rafael Simancas en la candidatura autonómica. Se trata de Ruth Porta, Ignacio Díaz, y Andrés Rojo.

A Porta, ex concejal y apoyo principal de Simancas, se le atribuyen intereses inmobiliarios por su marido, Enrique Benedicto, directivo de la Fundación Hogar del Empleado, una asociación sin ánimo de lucro con más de 50 años de historia que, además de gestionar colegios y desarrollar estudios sobre distintas cuestiones, promueve viviendas, más de 12.000 en toda su historia, la mayoría en régimen de cooperativa para las clases más bajas. "Es un asalariado de la Fundación Hogar del Empleado. No tiene ningún interés urbanístico ni participación alguna en sus empresas. El beneficio logrado por la promoción de viviendas lo han invertido en enjugar el déficit de los colegios que gestionan", asegura Romero.

"Mi único patrimonio inmobiliario, tasado por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, es de 43.390 euros, la mitad de la vivienda familiar. Mi patrimonio financiero no llega a 6.000 euros y mi patrimonio mobiliario es un vehículo del año 95 que no valdrá ni 3.000 euros", declaró ayer Benedicto a este periódico.

A Andrés Rojo, una de las personas que más estrechamente trabajan con Simancas, se le relaciona con la empresa de su padre. "Es una sociedad de su padre, que hace obras pequeñas y hacía temas de ajardinamiento para el Ayuntamiento de Madrid desde antes de esta etapa democrática. Pero Andrés dejó la empresa hace tiempo", asegura Romero.

Por último, de Ignacio Díaz, concejal del Ayuntamiento de Madrid, subraya que "es administrador de una empresa familiar que gestiona fincas rústicas".

Romero concluye: "Hemos expulsado a quienes sí nos han parecido auténticos corruptos y sabemos que son inspiradores de estas informaciones: son Eduardo Tamayo y José Luis Balbás".