Telefónica achaca los despidos a la "injusta" regulación del sector de las telecomunicaciones

Telefónica de España achaca a la "injusta" regulación de las telecomunicaciones como una de las principales causas que le ha llevado a plantear un fuerte ajuste de empleo. Según ha comunicado a los sindicatos, la operadora justifica el expediente de regulación porque, desde el inicio de la liberalización del sector, la regulación ha favorecido a los competidores, al constreñir la capacidad de maniobra de Telefónica, fijando sus precios, obligándole a asumir el coste del servicio universal y le impide recuperar a los clientes perdidos. Telefónica presentará esta semana un expediente que afectará a 10.000 empleados en un plazo de tres a cinco años, de los que 4.500 pueden salir este mismo año.

Telefónica se siente maltratada por la regulación. La operadora considera que ha hecho los deberes que se le impusieron tras la liberalización del sector en 1998 propiciando una rebaja de tarifas del 50%. Sin embargo, estima que a cambio, el regulador (Comisión del Mercado de Telecomunicaciones y ministerios de Ciencia y Tecnología y de Economía, fundamentalmente) no ha atendido casi ninguna de sus peticiones, e incluso ha dado un trato de favor a sus competidores.

El efectivo negativo que está teniendo esta "regulación asimétrica" es uno de los argumentos principales en los que la compañía basa el expediente de regulación de empleo (ERE) que tiene previsto presentar esta misma semana ante la Dirección General de Trabajo.

Aunque los responsables de Telefónica de España no han hecho público aún el documento justificativo del ERE, en el mismo se señala que el recorte de plantilla se debe en gran parte al maltrato que han recibido por parte del regulador, según informaron en fuentes sindicales. En primer lugar, Telefónica aduce que se ha tenido que someter a un estricto régimen de precios que le ha forzado a bajar las tarifas casi a la mitad desde el inicio de la liberalización, pero sin reconocerle ninguna contrapartida.

Telefónica argumenta en el ERE que es el único operador europeo que tiene fijadas por ley no sólo las tarifas mayoristas (las que cobra al resto de operadores) del acceso a banda ancha (ADSL), sino las tarifas minoristas (las que cobra al público). También recuerda que le han sido "sistemáticamente" rechazados la mayor parte de los planes de descuento presentados en los dos últimos años.

La operadora defiende en el expediente que en cuatro años de liberalización ha perdido un 21% de cuota de mercado y que más de dos millones de abonados se han preasignado (realizan todas sus llamadas por otro operador), mientras que en otros países como el Reino Unido, con más tradición liberalizadora, sólo se han preasignado la mitad. Y recuerda que es el único ex monopolio europeo al que se le impide realizar prácticas comerciales para recuperar clientes hasta pasados cuatro meses desde que se éstos se pasan a la competencia.

Telefónica se queja de que, paralelamente, le han sido rechazadas todas sus peticiones, como la compensación por el déficit que, según sus cuentas, le ocasiona anualmente el mantenimiento de la red y, en particular, el del último tramo que llega al domicilio del abonado. Asimismo, Telefónica recuerda que debe costear en solitario el servicio universal de telecomunicaciones, que asegura a todos los ciudadanos la disponibilidad de un línea telefónica, independientemente de su lugar de residencia, pese a que la Ley de Telecomunicaciones recogía la creación de un fondo que debían costear proporcionalmente todos los operadores.

La dirección de Telefónica de España comunicará mañana a los sindicatos los detalles del expediente de regulación que afectará a alrededor de 10.000 trabajadores en un plazo de entre tres y cinco años, y de los que 4.500 serán en este ejercicio.

Segundo ajuste desde 1999

Este ajuste es el primero que plantea la operadora desde 1999, que afectó a 10.841 trabajadores, de los que 7.869 se acogieron a la modalidad de prejubilaciones. La empresa pretende proponer que, tras la reunión de mañana, se abra la mesa con los sindicatos el próximo martes con el objetivo de abrir la mesa negociadora sobre el ERE el mismo miércoles.

Uno de los aspectos más polémicos será dilucidar el coste que tiene el nuevo ERE para las arcas del Estado. El anterior, aprobado por el Ministerio de Trabajo en 1999, tuvo un coste de 1.256,6 millones de euros para Telefónica.

Al margen del ERE, dirección y sindicatos están pendientes de cerrar el nuevo convenio colectivo, sin que hasta el momento haya acuerdo. La compañía, que en un principio planteaba una ampliación de la movilidad geográfica obligatoria, ha accedido a renunciar a esta condición si los sindicatos aceptan unificar categorías y flexibilizar de los turnos.